La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa Vialidad. La medida busca cubrir parte de los casi $685.000 millones que deben afrontar los condenados.
El fallo, dictado por la Sala IV del tribunal, ratificó lo dispuesto en 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2 y rechazó los recursos presentados por las defensas. La decisión se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena en 2023, lo que habilitó la ejecución de la pena y ahora del decomiso.
Un patrimonio amplio bajo la lupa
El decomiso alcanza un total de 111 inmuebles. De ese conjunto, 84 pertenecen a Báez, mientras que 19 están a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el complejo hotelero Los Sauces. En tanto, a nombre de la expresidenta figura un terreno en El Calafate de más de 6.000 metros cuadrados.
Entre los bienes alcanzados se incluyen propiedades vinculadas a empresas como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hermanos y Loscalzo y Del Curto, además de inmuebles transferidos a los hijos de la exmandataria en distintos momentos.
También forman parte del inventario departamentos en la ciudad de Río Gallegos, viviendas particulares y terrenos ubicados en el departamento Lago Argentino, en la provincia de Santa Cruz.
Criterio judicial y alcance de la medida
En su resolución, los jueces rechazaron el planteo de las defensas que buscaban excluir bienes por falta de “trazabilidad directa” con los hechos investigados. El tribunal sostuvo que, en casos de corrupción compleja, no es necesario probar un vínculo lineal entre cada activo y el delito, sino una relación económica razonable.
Además, aclararon que el decomiso no constituye una sanción penal contra los actuales titulares de los bienes, sino una medida orientada a reparar el daño al Estado. “No persigue castigar, sino recuperar activos cuya causa jurídica está afectada por su vinculación con el delito”, señalaron.
Posibles nuevas acciones
En caso de que los bienes decomisados no alcancen para cubrir el monto total fijado por la Justicia, el proceso podría extenderse sobre el patrimonio de otros condenados en la causa, entre ellos el exsecretario de Obras Públicas José López y exfuncionarios de Vialidad.
La decisión marca un paso clave en la etapa de ejecución de la sentencia en uno de los casos de corrupción más relevantes de la historia reciente del país, con impacto directo en el patrimonio de los involucrados y en el proceso de recuperación de fondos para el Estado.
