La diputada nacional de La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, quedó en el centro de una nueva escalada política en Tucumán tras acatar una orden de la Justicia provincial que la intimó a eliminar publicaciones en la red social X en un plazo de 48 horas, a raíz de una denuncia impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo.
Lejos de bajar el tono, la legisladora convirtió el cumplimiento judicial en un acto de denuncia política. “Cumplo con la ‘Justicia’, pero no me van a callar”, encabezó su mensaje, en el que aseguró que acató la orden “exclusivamente para evitar graves sanciones penales y económicas”, pero “bajo absoluta protesta”.
“Un claro caso de censura previa”
En un texto de alto voltaje político, Molinuevo acusó directamente al mandatario provincial de utilizar el aparato judicial para silenciar voces críticas. “Estamos ante un claro caso de censura previa”, sostuvo, y advirtió que la medida “no es solo un ataque a mi persona, sino un golpe a la libertad de expresión de todos los tucumanos”.
La diputada vinculó la decisión judicial con el episodio de violencia que tuvo como víctima al legislador Pelli, y remarcó que sus publicaciones se dieron “en un contexto de indudable gravedad institucional”. En ese marco, denunció un intento de “disciplinar, amedrentar y silenciar” a la oposición.
Escalada institucional y tensión de poderes
El conflicto abre un nuevo frente entre el oficialismo provincial y referentes libertarios, en un contexto de creciente tensión política. Molinuevo fue más allá y planteó que el caso excede lo personal: “Cuando un gobernador recurre a la Justicia para silenciar a una diputada, no estamos ante un conflicto entre particulares, sino ante un hecho de enorme gravedad institucional”.
Además, dejó en claro que el cumplimiento de la orden no implica aceptar su legalidad, y confirmó que avanzará con la apelación ya presentada. “Mi recurso está en marcha. Confío en que las instancias superiores pondrán un freno a este atropello”, afirmó.
“No me van a callar”
En el tramo final, la diputada endureció aún más su postura y envió un mensaje directo al poder político provincial: “Pueden ordenar borrar palabras de una pantalla, pero jamás van a borrar mi compromiso con la transparencia”.
El episodio promete escalar en los próximos días, con impacto no solo en la política tucumana sino también en el debate nacional sobre libertad de expresión, uso del Poder Judicial y límites del poder político en contextos de alta confrontación.
