Un fuerte operativo de seguridad se implementó en toda la provincia tras una serie de amenazas que generaron alarma en la comunidad educativa. Las autoridades advierten que se trata de delitos penales y buscan llevar tranquilidad a las familias.
La provincia de Tucumán atraviesa días de preocupación luego de que se registraran múltiples amenazas de tiroteos en establecimientos educativos, lo que llevó a un despliegue sin precedentes de las fuerzas de seguridad. En total, 2.500 efectivos policiales fueron asignados a la custodia de escuelas y colegios, tanto públicos como privados.
El operativo incluye la participación de distintas divisiones, entre ellas Infantería, grupos especiales y unidades motorizadas, que realizan tareas de vigilancia en los ingresos, recorridos perimetrales y controles preventivos durante los horarios de ingreso y salida de los estudiantes.
Desde la Jefatura de Policía informaron que ya se detectaron al menos 15 amenazas, muchas de ellas difundidas a través de redes sociales o mensajes anónimos. Según indicaron, algunas de estas advertencias podrían estar vinculadas a un supuesto “reto viral”, lo que agrava la preocupación por la facilidad con la que este tipo de contenidos se replica entre jóvenes.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, remarcó que si bien en varios casos no se encontraron elementos concretos que indiquen un peligro real, cada amenaza es tomada con absoluta seriedad. En ese sentido, explicó que el objetivo principal del operativo es prevenir cualquier situación de riesgo y garantizar la seguridad dentro de las instituciones educativas.
Por su parte, el Gobierno provincial fue contundente al señalar que este tipo de acciones no son bromas, sino hechos que constituyen un delito. Las autoridades advirtieron que los responsables pueden enfrentar consecuencias penales, e incluso hicieron hincapié en la responsabilidad de los padres en caso de que los autores sean menores de edad.
Además del despliegue policial, se reforzaron los canales de denuncia y se iniciaron investigaciones para identificar a quienes están detrás de las amenazas. En algunos casos, ya se trabaja con datos aportados por plataformas digitales y registros de comunicaciones.
El operativo, que continuará de manera preventiva, busca llevar tranquilidad a estudiantes, docentes y familias, en un contexto de creciente inquietud social. No obstante, desde el propio ámbito de seguridad reconocen que se trata de una medida “extraordinaria” y que esperan poder desactivarla una vez que la situación se normalice.
Mientras tanto, la comunidad educativa permanece en alerta, con escuelas que reforzaron sus propios protocolos internos y padres que siguen de cerca la evolución de los hechos.
