La investigación por la ola de amenazas en establecimientos educativos de Tucumán sumó un nuevo capítulo judicial. El Ministerio Público Fiscal comenzó a citar a los padres de los menores identificados como presuntos responsables de pintadas y mensajes intimidatorios, con una advertencia clara: podrían ser obligados a afrontar los costos económicos de los operativos de seguridad desplegados.
Las actuaciones están a cargo de la Unidad Especializada de Delitos Complejos, conducida por la fiscal Mariana Rivadeneira, quien encabezó las entrevistas con los progenitores. Durante esos encuentros, se les explicó el alcance de los hechos y el impacto que generaron en el sistema educativo y en los recursos del Estado.
Desde la fiscalía remarcaron que los episodios no pueden ser considerados simples “bromas”. Las amenazas derivaron en evacuaciones de escuelas, intervención de brigadas de Criminalística y Delitos Telemáticos, y la participación de autoridades judiciales y educativas, lo que implicó un importante despliegue logístico y económico.
Responsabilidad civil y posibles demandas
Si bien en muchos casos la edad de los involucrados podría impedir la aplicación de sanciones penales —en el marco del régimen de minoridad—, esto no excluye la responsabilidad civil de sus padres. En ese sentido, el MPF analiza impulsar acciones para que las familias compensen los gastos ocasionados por los operativos.
Fuentes judiciales indicaron que “la autoridad puede instar acciones tendientes a resarcir la erogación de gastos que produjo el supuesto ilícito”, lo que abre la puerta a demandas civiles para recuperar el dinero invertido en patrullajes, investigaciones tecnológicas y suspensión de actividades escolares.
Un precedente para frenar la escalada
La medida busca sentar un precedente frente a una problemática que generó fuerte preocupación en la comunidad educativa. En las últimas semanas, múltiples amenazas obligaron a activar protocolos de emergencia en distintas escuelas de la provincia, con un alto costo operativo y un impacto directo en el normal desarrollo de las clases.
El despliegue incluyó controles en accesos, presencia policial permanente y tareas de rastreo digital para identificar a los responsables. En este contexto, la Justicia apunta no solo a esclarecer los hechos, sino también a desalentar nuevas intimidaciones mediante sanciones económicas que recaigan sobre los adultos responsables.
Mientras avanzan las investigaciones, el foco está puesto en contener la situación y restablecer la tranquilidad en las escuelas, en un escenario donde las amenazas dejaron de ser hechos aislados para convertirse en un problema de alcance provincial.
