La Caja Popular de Ahorros de Tucumán presentó una denuncia penal contra el futbolista Adrián Arregui por una presunta maniobra de asociación ilícita y estafa procesal que habría generado un perjuicio económico millonario al Estado provincial.
La presentación fue realizada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana y está firmada por el interventor Guillermo Alfredo Norry y el subinterventor Antonio Daniel Bustamante, quienes también se presentaron personalmente para ratificar la acusación.
El caso tiene origen en un episodio ocurrido el 15 de febrero de 2019, cuando Arregui —entonces jugador de San Martín de Tucumán— sufrió un golpe en el ojo derecho durante un partido frente a Belgrano de Córdoba. Según la denuncia, el futbolista recibió el alta médica en menos de diez días y volvió a competir dos semanas después, en un encuentro ante Lanús.
De acuerdo con el organismo provincial, no existirían secuelas que hayan afectado su desempeño profesional. En ese sentido, se señala que el mediocampista continuó su carrera en el exterior, incluyendo pasos por Independiente Medellín y Alianza Lima, donde habría superado revisiones médicas sin detectar incapacidades permanentes.
Uno de los puntos centrales de la denuncia radica en la presunta improcedencia del reclamo laboral. La Caja sostiene que Arregui no estaba cubierto por su póliza, ya que su vínculo contractual se encuadraba como aportante autónomo dentro de un régimen especial de la AFA, por lo que considera ilegítima la demanda iniciada como si la entidad actuara como ART.
Asimismo, el escrito describe la existencia de un supuesto “plan criminal” que habría involucrado a profesionales de la salud y del ámbito jurídico. En ese marco, se cuestiona el accionar de un médico auditor —acusado de otorgar el alta sin revisar al paciente— y de un perito oficial que determinó una incapacidad del 49,05%, cifra que la denuncia considera carente de sustento técnico.
También se apunta contra el estudio jurídico Iezzi & Varone, contratado por una gestión anterior de la entidad, al que se le atribuye no haber contestado la demanda ni presentado pruebas o recursos en el proceso judicial tramitado en Quilmes. Según la denuncia, esta omisión dejó a la institución en una situación de indefensión. Los letrados, por su parte, sostuvieron que se trató de un “error involuntario”.
La Caja caracteriza el caso como una “estafa en triángulo”, en la que habrían actuado de manera coordinada el jugador, profesionales médicos y los propios abogados del organismo. El perjuicio económico estimado oscila entre $450 millones y $1.450 millones.
Ante el avance del proceso judicial, el organismo solicitó la adopción de medidas urgentes, entre ellas la suspensión de plazos procesales y la postergación de la audiencia de alegatos prevista para el 24 de abril de 2026. Además, requirió la intervención de una unidad fiscal especializada para profundizar la investigación.
Hasta el momento, no se registraron declaraciones públicas de Arregui sobre la denuncia. Su representante, Gabriel Federico, indicó que desconoce los detalles del caso.
