La AFA fijó su domicilio legal en Pilar, provincia de Buenos Aires, en una jugada que podría dejarla fuera del alcance de auditorías nacionales, en un contexto de múltiples interrogantes sobre su transparencia contable.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció formalmente que trasladó su domicilio legal desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, una decisión que sus autoridades defienden como la consolidación de una reforma estatutaria aprobada en 2024.
La medida fue inscripta por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) bonaerense el 25 de febrero de 2026, y según el organismo, a partir de esa inscripción la AFA quedaría bajo la órbita de control provincial, “desactivando” la competencia de la Inspección General de Justicia (IGJ) para designar veedores o auditar sus actos.
La IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, había objetado el cambio y lo calificó como irregular, señalando que la sede declarada en Pilar no tenía instalaciones operativas de la entidad, y que la asociación todavía operaba bajo su jurisdicción en la sede histórica de la calle Viamonte.
Este enfrentamiento adquiere relevancia en medio de un pedido de la IGJ para la designación de veedores que accedan a documentación contable y financiera de la AFA, tras detectar lo que calificó como “graves irregularidades” y la negativa de la entidad a presentar balances y estados financieros requeridos.
El abogado de la AFA, en representación del presidente Claudio “Chiqui” Tapia, celebró la inscripción en la DPPJ como una forma de poner fin a la “ficción jurídica” y limitar la intervención nacional, proclamando en redes sociales el fin del accionar de veedores.
No obstante, organismos de control y sectores de la sociedad advierten que la maniobra podría estar orientada a evitar auditorías profundas sobre las finanzas de la entidad, en el marco de un escándalo donde surgieron cuestionamientos por el uso de sociedades vinculadas al fútbol y posibles irregularidades en contratos comerciales.
La disputa entre jurisdicciones, y la tensión entre un control nacional más estricto y la nueva radicación bonaerense, plantea próximamente posibles pasos judiciales para determinar qué organismo tiene efectivamente competencia sobre la AFA y sus mecanismos de transparencia.
