Gasto público en aumento y discrecionalidad en el reparto de fondos federales: un informe del IERAL desmiente a Jaldo, sugiere usar los ATN para bajar impuestos provinciales y plantea cambios clave en la coparticipación.
En medio de tensiones fiscales entre Nación y provincias, un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) expone datos que contradicen el relato del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. El documento revela que el gasto público provincial aumentó un 21% en términos reales durante el primer trimestre de 2025, mientras que a nivel nacional las erogaciones se mantuvieron estables. La información pone en jaque la afirmación de Jaldo sobre haber “hecho bien los deberes” fiscales y reabre el debate sobre el uso y la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El informe, al que accedió Tendencia de Noticias, también respalda el proyecto de ley que impulsa un grupo de gobernadores para modificar la distribución de los ATN. La propuesta busca terminar con la discrecionalidad del Ejecutivo nacional y establecer una asignación automática y diaria de estos recursos, de acuerdo con los criterios de la ley de coparticipación. De aplicarse esta reforma, Tucumán recibiría en el segundo semestre de 2025 unos $15.375 millones, lo que implica un incremento de $8.107 millones respecto a los valores actuales.
El análisis de IERAL remarca que, históricamente, el 90% de los fondos del ATN no fueron distribuidos a las provincias, a pesar de que la ley 23.548 indica que deben atender emergencias o desequilibrios financieros. En cambio, quedaron en manos de la Nación, que utilizó esta subejecución para mejorar su resultado fiscal, sin poder redireccionarlos a otros fines. Esta opacidad, denuncia el informe, generó “incentivos perversos” y favoreció el uso político de los recursos.
Con la reforma, la Nación pasaría a recibir un 41,2% de los recursos del fondo, lo que representaría una pérdida frente al 90% que retuvo de hecho en 2024 y lo que va de 2025. Para el gobierno nacional, el costo fiscal sería acotado: apenas el 0,06% del PBI de 2024, reduciendo su superávit en un 20%.
El documento también llama a que los recursos adicionales no se usen para alimentar el gasto corriente provincial. En cambio, propone que sirvan para mejorar la competitividad productiva y el clima laboral. Entre las recomendaciones se destacan la implementación de peritos médicos forenses para evaluar incapacidades laborales —según la ley 27.348— y la eliminación de impuestos distorsivos como el de Sellos. Según los cálculos de IERAL, los fondos automáticos de ATN propuestos equivalen al 16% de lo recaudado por ese tributo en 2024.
En resumen, el gasto público vuelve al centro de la escena política y económica: mientras los mandatarios provinciales reclaman más recursos, el informe advierte que no se trata solo de repartir más dinero, sino de usarlo mejor.
