El bloque kirchnerista, en el Senado de la Nación, este jueves protagonizó una maniobra inconstitucional. Según el Gobierno de Javier Milei, la sesión convocada por los senadores opositores no solo se realizó sin el aval reglamentario de la presidente del cuerpo, Victoria Villarruel, sino que además avanzó con un temario de alto impacto fiscal sin contar con el quórum y los dictámenes requeridos por el reglamento.
La iniciativa, liderada por el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, fue calificada por referentes del oficialismo como un “intento de golpe institucional”, debido a que se trataron proyectos que, de aprobarse, implicarían un aumento en el gasto público de alrededor de 2,5 puntos del PBI, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal que la administración de Milei considera uno de sus logros más importantes.
Según establece el reglamento interno del Senado, toda convocatoria a sesión con temario definido debe contar con la firma del presidente del cuerpo. En este caso, la vicepresidente de la Nación Victoria Villarruel, no autorizó la convocatoria. Para sortear esta situación, se hubiera requerido una reforma previa del reglamento, aprobada con dos tercios de los votos—a lo cual tampoco se dio curso.
A pesar de estas condiciones, los senadores kirchneristas avanzaron con una sesión que sólo reunió el quórum simple, es decir, la cantidad mínima para habilitar el funcionamiento del cuerpo, pero insuficiente para tratar temas de esta envergadura sin dictamen de comisión. El temario incluía iniciativas como la reinstauración de la moratoria previsional, la declaración de emergencia en discapacidad, el aumento de las jubilaciones con bonos adicionales, y la coparticipación forzada de impuestos y fondos nacionales, todos proyectos con fuerte impacto en las cuentas públicas.
Desde el oficialismo advirtieron que ninguno de esos proyectos contaba con los dictámenes necesarios, y que ni siquiera habían sido debatidos en comisiones. Fue la propia presidente del Senado quien, al inicio de la sesión, reconoció esta situación al cederle la palabra a Mayans, quien pidió votar sobre textos que no habían seguido el procedimiento parlamentario correspondiente.
La situación generó una fuerte alarma institucional. Referentes del oficialismo solicitaron a Villarruel que levantara la sesión para no convalidar lo que describieron como un “proceso viciado de nulidad absoluta”. Sin embargo, la vicepresidenta optó por dejarla abierta, lo que provocó malestar dentro de su propio espacio político.
El trasfondo del conflicto también toca la política de alianzas internas. Dentro del oficialismo circulan versiones de que la jugada del kirchnerismo no solo apunta a erosionar el ajuste fiscal del Ejecutivo, sino también a forzar una reorganización del Senado que podría incluir el reemplazo del actual presidente provisional, Bartolomé Abdala, hombre de confianza de La Libertad Avanza. En ese sentido, el oficialismo sostiene que detrás del movimiento se esconde la intención de alterar la línea de sucesión presidencial, de la cual Abdala forma parte.
Desde el Gobierno Nacional se sigue con atención cada paso. Fuentes del Ejecutivo afirmaron que esta maniobra es parte de un intento por sabotear la gobernabilidad, forzar un aumento del gasto público y deslegitimar la política de déficit cero. “Lo que quieren es destruir todo, porque si a La Libertad Avanza le va bien, ellos desaparecen del mapa”, expresó un funcionario con despacho en Casa Rosada.
En paralelo, algunos sectores de la oposición moderada también expresaron su inquietud ante lo que consideran una “utilización forzada del reglamento”, aunque no se alinearon directamente con el oficialismo.
Con el Senado fracturado y las tensiones institucionales en aumento, el conflicto promete escalar. La posibilidad de judicializar los actos de la sesión fue mencionada por varias fuentes cercanas a Milei, mientras el escenario político se recalienta en un contexto donde los equilibrios legislativos ya son frágiles.
