El primer año de la presidencia de Javier Milei se caracterizó por un ajuste fiscal drástico en las transferencias discrecionales del Gobierno nacional hacia las provincias, una medida que buscó contener el gasto público y promover la disciplina fiscal en las administraciones locales. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los giros no automáticos a las provincias cayeron un 75% en términos reales en comparación con 2023, alcanzando su menor peso relativo en el Producto Bruto Interno (PBI) en décadas: de un 1% del PBI en 2023, se redujeron al 0,3% en 2024.
El impacto en las transferencias
En 2024, el Gobierno nacional devengó $1,6 billones en transferencias discrecionales, en comparación con los $2 billones del año anterior, mientras que los pagos efectivos fueron incluso menores: $1,4 billones frente a los $1,9 billones de 2023. Este recorte se enmarcó en la estrategia de la nueva administración de Milei de limitar el uso de fondos discrecionales como herramienta política y fomentar la autonomía fiscal de las provincias.
El único distrito que vio un aumento en las transferencias discrecionales fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que recibió $652.810 millones, un 33,7% más en términos reales que en 2023, gracias al cumplimiento de una medida cautelar de la Corte Suprema relacionada con la restitución de fondos coparticipables.
Por otro lado, provincias históricamente dependientes de estas transferencias, como La Rioja, La Pampa y Formosa, experimentaron caídas de hasta el 98%, afectando a gobiernos opositores al oficialismo nacional.
Distribución y programas beneficiados
El análisis de los programas financiados por las transferencias discrecionales muestra que gran parte de los fondos se destinó a áreas específicas:
Hospitales nacionales: $379.864 millones, destinados al funcionamiento de centros médicos en CABA, Provincia de Buenos Aires y Santa Cruz.
Educación: $291.984 millones para Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, aunque otros programas educativos recibieron montos significativamente menores.
Salud pública: $56.163 millones para el Desarrollo de Seguros Públicos de Salud.
Infraestructura y energía: Programas como Formulación de Políticas de Hidrocarburos ($50.500 millones) y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica ($11.085 millones).
Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinados a emergencias y desequilibrios financieros, también sufrieron recortes. De un total disponible de $283.125 millones, se distribuyó solo el 16,28%.
Provincias beneficiadas y perjudicadas
En total, 10 provincias accedieron a ATN en 2024, quedando excluidas otras como Buenos Aires, Chaco, Formosa y Córdoba. Misiones y Chubut fueron las únicas jurisdicciones que recibieron más ATN que en 2023, en respuesta a emergencias específicas como inundaciones e incendios.
Provincias como Neuquén y Santa Cruz, lideradas por gobernadores de fuerzas provinciales o afines al oficialismo nacional, fueron las menos afectadas por los recortes, con reducciones reales de entre 60% y 70%. En el otro extremo, distritos con mandatarios opositores sufrieron caídas de más del 90%.
La lógica detrás del ajuste
Desde el Gobierno nacional, defendieron el ajuste señalando que las transferencias discrecionales deben responder a criterios de necesidad y emergencia, no de afinidad política. “Es fundamental conservar estos fondos para situaciones imprevistas, como desastres naturales, y priorizar la eficiencia en su uso”, explicaron fuentes oficiales.
El recorte fue especialmente bien recibido por sectores que apoyan las políticas de Milei, quienes valoraron el intento de reducir la influencia del Estado nacional sobre las provincias y fomentar la responsabilidad fiscal. Críticos, por su parte, argumentaron que la medida profundiza desigualdades entre distritos más autónomos y aquellos con menor capacidad de recaudación.
El 2024 marcó un cambio de paradigma en la relación financiera entre el Estado nacional y las provincias. Si bien el ajuste generó tensiones con gobernadores, representó un paso firme hacia el cumplimiento de las promesas de campaña de Javier Milei: reducir el gasto público y descentralizar el manejo de recursos. Queda por verse si este enfoque logra consolidar una mayor autonomía provincial o si profundiza las asimetrías en el desarrollo regional.
Redacción: Quirós Joaquín
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