Desde el 1° de abril comenzaron a aplicarse modificaciones en el esquema tributario argentino que implican la eliminación de varios impuestos al consumo. La medida forma parte de la Ley de Modernización Laboral y está contemplada en su artículo 195, con impacto directo en distintos bienes y servicios.
Entre los principales cambios se destaca la eliminación del impuesto a los seguros, que aplicaba una alícuota del 2,5%. También dejó de regir el tributo sobre los servicios de telefonía celular y satelital, que representaba un 5,2632% del total de la factura.
A esto se suma la derogación del impuesto a los objetos suntuarios, cuya carga alcanzaba el 20%, así como de los gravámenes internos sobre vehículos automotores, embarcaciones de recreo y aeronaves.
Uno de los puntos más relevantes es la eliminación del denominado “impuesto al lujo” para autos 0 km. Este tributo, que durante años encareció el valor de los vehículos —incluso en segmentos medios—, había llegado a tener alícuotas de hasta el 35% antes de ser reducido progresivamente hasta su eliminación definitiva.
Según se desprende de la normativa, el objetivo de estos cambios es reducir distorsiones en los precios y aliviar la carga impositiva sobre el consumo. En sectores como la telefonía, por ejemplo, se espera que la quita del impuesto pueda reflejarse en una eventual baja de las facturas, aunque el impacto dependerá de la política de precios de las empresas.
En paralelo, parte de la ley fue objeto de una disputa judicial. El juez laboral Raúl Ojeda dispuso la suspensión provisoria de 83 artículos tras un planteo de la CGT, que cuestionó posibles efectos sobre derechos laborales. Sin embargo, el capítulo vinculado a la eliminación de estos impuestos no fue alcanzado por esa medida, por lo que ya se encuentra en plena vigencia.
De esta manera, los cambios en materia tributaria comienzan a tener efectos concretos en la economía cotidiana, mientras continúa el debate en torno al resto de la reforma.
