La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán atraviesa una profunda crisis institucional luego de que salieran a la luz denuncias de acoso, ciberacoso y violación a la intimidad que involucran a un estudiante con funciones de ayudante de cátedra y consejero estudiantil. El caso generó una fuerte conmoción dentro de la comunidad universitaria y derivó en multitudinarias asambleas, reclamos estudiantiles y la activación de dos protocolos de género dentro de la casa de estudios.
Según trascendió, más de 30 alumnas habrían señalado al mismo estudiante por distintas situaciones ocurridas desde 2022. De acuerdo con los testimonios expuestos durante las asambleas realizadas en la facultad, el acusado utilizaba supuestos motivos académicos o tareas vinculadas a la representación estudiantil para solicitar credenciales de acceso a correos electrónicos, al Campus Virtual y al sistema SIU Guaraní.
Las denunciantes sostienen que, una vez obtenidos esos datos, el estudiante habría ingresado sin autorización a cuentas personales y accedido a fotografías privadas almacenadas en servicios en la nube. La situación quedó encuadrada dentro de posibles hechos de ciberacoso y violencia digital contemplados en la Ley Olimpia.
Frente al escándalo, la Facultad emitió un comunicado oficial recordando que las claves de acceso son personales e intransferibles y advirtió que el acceso no autorizado a archivos privados constituye una conducta grave. Además, confirmó que se encuentran en marcha dos protocolos de actuación por violencia de género y discriminación.
La secretaria de Extensión y responsable del Espacio de Género y Diversidad, Gabriela González, confirmó que las denuncias ya están siendo tramitadas, mientras que desde Asuntos Jurídicos de la UNT remarcaron que el procedimiento es reservado para proteger la identidad de las víctimas.
Sin embargo, el manejo institucional del caso quedó bajo fuertes cuestionamientos por parte de estudiantes y agrupaciones universitarias. Durante las asambleas realizadas en el Ágora de la facultad, numerosas alumnas denunciaron demoras en las actuaciones y aseguraron que dentro del Centro de Estudiantes existían denuncias informales desde hace varios años sin que se hubieran tomado medidas preventivas.
La situación escaló rápidamente y derivó en jornadas de alta tensión, donde grupos de estudiantes exigieron públicamente la salida de personas señaladas como acosadores. También comenzaron a circular en redes sociales flyers con imágenes y datos de los acusados en formato de escrache, pese a que algunas víctimas habían pedido evitar ese tipo de acciones para no entorpecer los procesos judiciales y administrativos.
Durante las asambleas, los estudiantes aprobaron una serie de medidas entre las que figuran la creación de comisiones de Género y Diversidad por carrera, el pedido de suspensión preventiva inmediata de los denunciados y la exigencia de que la Facultad se constituya como querellante.
El Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras aseguró haber tomado conocimiento de las denuncias recientemente y afirmó que el estudiante acusado ya fue apartado de sus funciones. Sin embargo, esa versión fue rechazada por distintas voces estudiantiles que acusaron a la conducción de inacción frente a las denuncias.
La crisis estalló además en medio de un contexto políticamente sensible para la facultad, ya que las elecciones del Centro de Estudiantes están previstas para el 16 y 17 de junio.
En paralelo, agrupaciones y organismos recomendaron a las víctimas realizar las denuncias penales correspondientes ante la Unidad Fiscal de Género N° 3 de Tucumán y recordaron que también se encuentra disponible la Línea 144 para asistencia y acompañamiento en situaciones de violencia de género.
