La causa por la agresión al diputado nacional Federico Pelli sumó este martes un nuevo capítulo judicial luego de que el juez penal de Concepción, Raúl Robín Márquez, homologara el acuerdo de juicio abreviado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de Marcelo “Pichón” Segura, quien recuperó la libertad tras recibir una condena condicional de tres años de prisión.
La resolución generó un fuerte malestar tanto en Pelli como en su representante legal, Juan Colombres Garmendia, quien cuestionó duramente el desarrollo del proceso y el rol que tuvo la querella durante la audiencia.
“No tengo mucho para decir, más que es la primera vez que intervengo en un proceso donde a la víctima se le rechazó prácticamente todo. Se demostró un apuro inusitado en cerrar el proceso”, expresó el abogado tras el cierre de la audiencia.
El hecho ocurrió el 11 de marzo pasado en La Madrid y tuvo gran repercusión pública luego de que se viralizaran las imágenes del violento cabezazo que Segura le propinó al legislador libertario sobre la Ruta Nacional.
Desde el inicio de la causa, Pelli había manifestado su rechazo a una salida abreviada del conflicto. Según sostuvo en reiteradas oportunidades, sintió que dejó de ser representado adecuadamente por el Ministerio Público Fiscal a medida que avanzó la investigación.
Incluso, el diputado consideró que el acusado terminó recibiendo “un mejor trato” por parte del sistema judicial, especialmente después de que la Fiscalía acordara una pena condicional junto a la defensa.
Durante más de una hora, el juez Robín Márquez fundamentó el rechazo a los planteos realizados por la querella contra el acuerdo alcanzado entre la Unidad Fiscal de Homicidios de Concepción —a cargo de Miguel Ángel Varela y con intervención de la auxiliar fiscal Gabriela Ghilardi— y el abogado defensor Ernesto Baaclini.
El magistrado sostuvo que la legislación vigente no le otorga a la querella un rol vinculante en este tipo de acuerdos entre Fiscalía y defensa, motivo por el cual avanzó con la homologación del juicio abreviado.
Como consecuencia, Segura fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y recuperó inmediatamente la libertad, aunque deberá cumplir reglas de conducta durante ese mismo período.
Entre las condiciones impuestas figuran la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de Pelli, la imposibilidad de portar armas de fuego, el impedimento de consumir alcohol o estupefacientes y la obligación de realizar tratamiento psicológico para el control de la ira.
Pese a la condena, el desenlace dejó un evidente descontento en el entorno del diputado nacional, que desde el primer momento había reclamado una sanción más severa por la agresión sufrida.
