En una nueva audiencia del juicio oral por la causa conocida como “Cuadernos de las Coimas”, Leonardo Fariña brindó un extenso testimonio sobre el funcionamiento de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas y aseguró que el empresario Lázaro Báez se encontraba marginado del grupo de empresas que, según su declaración, definía de antemano la adjudicación de licitaciones en todo el país.
Fariña sostuvo que existía un esquema organizado dentro del sector vial mediante el cual un reducido grupo de compañías acordaba quién resultaría beneficiado en cada obra. Según explicó ante el tribunal, Báez no formaba parte de ese núcleo de decisión, conocido informalmente como “La Camarita”, y su influencia se encontraba restringida por decisión directa del entonces presidente Néstor Kirchner.
De acuerdo con el exasesor financiero, las operaciones de Báez quedaron limitadas a las provincias de Santa Cruz, Chubut y Chaco, mientras que las principales constructoras del país conservaban el control de las licitaciones de mayor relevancia en el resto del territorio nacional.
Durante su exposición, Fariña también describió el funcionamiento interno de Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez. Según declaró, la compañía atravesaba una situación financiera estructuralmente deficitaria y se sostenía mediante un mecanismo de constante refinanciación. En ese esquema, los anticipos financieros de nuevas obras eran utilizados para cubrir deudas generadas por contratos anteriores, lo que, según afirmó, provocaba un progresivo deterioro económico de la firma.
El testigo además hizo referencia a presuntos mecanismos de cobro de comisiones para agilizar pagos vinculados al Ministerio de Planificación Federal. En ese contexto, mencionó conversaciones mantenidas con su exabogado Franco Bindi, quien le habría relatado la participación de exfuncionarios como Roberto Baratta y Rafael Llorens en ese tipo de maniobras.
Consultado sobre posibles vínculos de Bindi con organismos de inteligencia, Fariña descartó tener pruebas concretas y lo definió como un “cuentapropista mercenario”.
La declaración se suma a una extensa lista de testimonios, documentación, registros de pagos, peritajes y evidencias incorporadas durante años a la investigación de los Cuadernos de las Coimas, una de las causas de corrupción más importantes de la historia argentina. El expediente busca determinar la existencia de un sistema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a empresarios contratistas del Estado y altos funcionarios de los gobiernos kirchneristas.
A pesar del volumen de pruebas acumuladas y de la cantidad de exfuncionarios y empresarios involucrados, el proceso judicial continúa sin una resolución definitiva. La prolongación de una causa de semejante magnitud sigue alimentando cuestionamientos sobre la capacidad de la Justicia para cerrar uno de los expedientes de corrupción más trascendentes de las últimas décadas.
