El Gobierno nacional envió al Congreso un nuevo paquete de proyectos legislativos que incluye una iniciativa destinada a regular formalmente el lobby en la Argentina. Bajo el nombre de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, el oficialismo busca establecer mecanismos obligatorios de registro y control sobre las reuniones, gestiones e influencias que distintos sectores ejercen sobre funcionarios públicos.
La propuesta fue presentada junto al denominado “Súper RIGI”, la Ley de Ludopatía y el proyecto para eliminar sellos en alimentos. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es fortalecer la transparencia institucional y recuperar la confianza ciudadana en los procesos de toma de decisiones del Estado.
Qué busca regular la nueva ley
El proyecto apunta a ordenar y transparentar las denominadas “gestiones de intereses”, es decir, las acciones realizadas por personas, empresas, cámaras, organizaciones o representantes que buscan influir sobre decisiones políticas, económicas o legislativas.
Según el texto enviado al Congreso, la normativa alcanzará las actividades vinculadas a:
- Elaboración de leyes y regulaciones.
- Diseño de políticas públicas.
- Contrataciones del Estado.
- Nombramientos y designaciones.
- Decisiones administrativas dentro de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El Gobierno definió la iniciativa como una herramienta para construir “una democracia más deliberativa, transparente y liberal”.
Los dos registros que creará el Gobierno
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de dos registros públicos obligatorios.
El primero será el Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse todas las personas humanas o jurídicas que realicen actividades de lobby ante funcionarios nacionales.
El segundo será el Registro Público de Gestión de Intereses, que tendrá como objetivo dejar asentados todos los contactos, reuniones y comunicaciones entre funcionarios y gestores.
De esta manera, cada gestión deberá quedar documentada oficialmente.
Además, quienes realicen actividades de lobby deberán presentar informes trimestrales detallando sus acciones, clientes y objetivos perseguidos.
Especial control sobre intereses extranjeros
El proyecto también incorpora controles específicos para representantes de gobiernos extranjeros, partidos políticos internacionales o entidades vinculadas a otros Estados.
En esos casos, los gestores deberán declarar expresamente a quién representan y cuál es el interés defendido ante las autoridades argentinas.
El texto oficial sostiene que esto busca evitar maniobras de opacidad o la utilización de organizaciones pantalla para influir en decisiones públicas.
Qué sanciones prevé la ley
La iniciativa contempla sanciones tanto administrativas como penales.
Para los gestores de intereses, las penalidades podrían incluir:
- Multas equivalentes a cinco salarios mínimos.
- Suspensión o inhabilitación definitiva.
- Penas de prisión de entre seis meses y tres años en casos graves.
En cuanto a los funcionarios públicos, el incumplimiento de los deberes de registración y publicidad podría derivar en:
- Sanciones institucionales.
- Procesos de remoción.
- Juicio político.
- Investigaciones por delitos como cohecho.
El modelo de Estados Unidos como referencia
El Gobierno tomó como principal antecedente la legislación vigente en Estados Unidos, especialmente la “Lobbying Disclosure Act” de 1995 y su reforma de 2007.
Al igual que el sistema norteamericano, la propuesta argentina obliga a presentar reportes periódicos y registrar las actividades mediante plataformas oficiales.
Sin embargo, el proyecto impulsado por Javier Milei presenta diferencias importantes. Entre ellas, que en Argentina la inscripción será obligatoria antes de iniciar cualquier gestión, mientras que en Estados Unidos puede realizarse hasta 45 días después del primer contacto.
Además, la ley argentina abarcará tanto actividades remuneradas como gratuitas y organizaciones sin fines de lucro, ampliando considerablemente el alcance de la regulación.
El argumento oficial: combatir la opacidad
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que la falta de regulación histórica sobre el lobby generó “espacios de opacidad” que afectaron la confianza pública y favorecieron relaciones poco transparentes entre el sector privado y el poder político.
Con esta iniciativa, el oficialismo busca institucionalizar un sistema de trazabilidad de reuniones e influencias, en línea con modelos aplicados en países como Estados Unidos, Canadá, Francia y Chile.
