El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto del denominado “Súper RIGI”, un nuevo esquema de incentivos destinado a captar inversiones multimillonarias en sectores estratégicos vinculados a tecnología, energía, infraestructura y producción industrial avanzada.
La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, busca profundizar el modelo de apertura económica y desregulación promovido por la administración libertaria, con el objetivo de posicionar a la Argentina como un destino competitivo para grandes capitales internacionales.
El nuevo régimen, denominado oficialmente Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, estará orientado exclusivamente a proyectos considerados “industrias del futuro” y exigirá inversiones mínimas superiores a los USD 1.000 millones.
Según el texto oficial, el esquema abarcará desarrollos vinculados a infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades industriales innovadoras y cadenas productivas que actualmente no existen en el país o permanecen en etapas experimentales.
Entre los sectores prioritarios mencionados por Caputo aparecen la fabricación de baterías de litio, la producción de autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y el desarrollo integral de la cadena de valor del uranio.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el amplio paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que ofrecerá a las empresas adheridas. Entre las principales ventajas se incluyen una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, exención de derechos de importación y exportación, libre disponibilidad progresiva de divisas y estabilidad normativa por 30 años.
Además, el régimen prevé certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, deducción de quebrantos sin límite temporal y una reducción al 3,5% sobre dividendos y utilidades distribuidas.
En materia laboral, el proyecto contempla una alícuota única del 10% para contribuciones patronales vinculadas a nuevos puestos de trabajo generados por las inversiones.
Otro de los aspectos destacados del Súper RIGI apunta a limitar la presión fiscal de provincias y municipios sobre los proyectos adheridos. El texto establece que las jurisdicciones no podrán crear nuevos impuestos incompatibles con el régimen ni incrementar cargas tributarias que afecten las inversiones alcanzadas.
También se fija un tope del 0,50% para Ingresos Brutos y se prohíbe la aplicación de Impuesto de Sellos sobre contratos, operaciones financieras y documentación relacionada con los proyectos.
Desde Casa Rosada sostienen que la iniciativa forma parte de un cambio estructural orientado a revertir décadas de alta presión impositiva, regulaciones y trabas burocráticas que, según el Gobierno, alejaron inversiones y frenaron el desarrollo industrial argentino.
El nuevo esquema funcionará como complemento del RIGI vigente, aunque el proyecto aclara que las inversiones ya presentadas bajo el régimen anterior no podrán migrar al Súper RIGI.
El oficialismo considera que la iniciativa puede transformarse en una herramienta clave para acelerar inversiones en minería, energía, tecnología y manufactura avanzada, en un contexto internacional marcado por la competencia entre países para atraer industrias ligadas a la transición energética y la innovación tecnológica.
