La diputada nacional libertaria Soledad Molinuevo decidió no acatar la orden judicial que le exigía eliminar publicaciones contra el gobernador Osvaldo Jaldo y, en cambio, avanzó con una estrategia legal para intentar revertir la resolución.
Lejos de dar marcha atrás, la legisladora presentó una apelación contra el fallo del juez civil Pedro Cagna, quien había dispuesto que borrara los posteos por considerarlos agraviantes. Además, solicitó que esa medida quede en suspenso mientras se analiza el recurso.
El planteo de fondo de Molinuevo apunta a cuestionar la competencia de la Justicia provincial. Según argumenta, sus expresiones están amparadas por la inmunidad de opinión parlamentaria, un principio constitucional que protege a los legisladores por sus dichos en ejercicio de sus funciones.
En esa línea, también recurrió a la Justicia Federal con la intención de trasladar el caso fuera del ámbito local y reforzar su defensa institucional.
El conflicto se originó tras una denuncia del propio Jaldo, quien acusó a la diputada de difundir afirmaciones falsas que lo vinculaban con la agresión sufrida por el diputado Federico Pelli, e incluso de responsabilizarlo por eventuales hechos futuros.
A partir de esa presentación, la Justicia hizo lugar parcialmente a una medida cautelar: ordenó eliminar los posteos y le prohibió reiterar ese tipo de acusaciones, aunque no exigió una retractación pública.
Sin embargo, Molinuevo optó por sostener sus publicaciones y redoblar la disputa en tribunales. El caso abre ahora un nuevo capítulo que pone en tensión los límites entre la libertad de expresión política y la protección del honor, en un escenario atravesado por la confrontación entre oficialismo y oposición en Tucumán.
