Una denuncia cuestionó el destino de fondos públicos durante la intendencia de Mariano Campero en Yerba Buena. La causa fue archivada, pero quedaron sin respuesta interrogantes sobre los decretos, el dinero y la posterior convivencia política con el Gobierno de Osvaldo Jaldo.
Una denuncia penal promovida en 2023 por el entonces concejal Héctor Osvaldo Aguirre cuestionó el manejo de fondos públicos durante la intendencia de Mariano Campero en Yerba Buena. La causa fue archivada: no hubo juicio, condena ni declaración judicial de culpabilidad. Pero los decretos y las preguntas siguen allí.
La presentación se concentró en los decretos 994/2022 y 138/2023. Según la denuncia, el Ejecutivo retiró recursos vinculados con pavimento, bacheo y recolección para reforzar honorarios, retribuciones y programas sociales.
La primera operación alcanzó los $155 millones. Posteriormente fue reformulada y elevada a $195 millones. Actualizada por inflación hasta julio de 2026, esta última cifra equivale aproximadamente a $2.076 millones actuales, de acuerdo con la metodología oficial de la calculadora del IPC del INDEC.
No era precisamente dinero para comprar resmas de papel.
El expediente se cerró, las dudas no
La denuncia sostuvo que una modificación de esa magnitud necesitaba la intervención previa del Concejo Deliberante. El municipio afirmó que se trató de una reasignación administrativa legal y que el cuerpo legislativo había sido notificado.
Manuel Courel, entonces jefe de Gabinete municipal, calificó la acusación como falsa y políticamente motivada, según publicó La Gaceta.
El archivo impide afirmar que existió un delito. Sin embargo, no responde públicamente preguntas elementales: ¿cuánto dinero fue ejecutado?, ¿quiénes cobraron?, ¿qué programas sociales fueron financiados? y ¿por qué la transferencia aumentó de $155 millones a $195 millones?
La curiosa convivencia con Jaldo
Osvaldo Jaldo no aparece involucrado en los decretos cuestionados. Pero el archivo de la causa merece ser observado dentro del reordenamiento político posterior.
Campero construyó su identidad enfrentando al peronismo e incluso acusó al Gobierno provincial de beneficiar a los intendentes amigos mediante el Pacto Social. Así lo declaró en agosto de 2024 a La Gaceta.
No existe una prueba pública que demuestre que Jaldo intervino para cerrar la causa. Afirmarlo sería irresponsable. Pero resulta legítimo preguntar si existieron conversaciones políticas, por qué el oficialismo perdió interés en el expediente y si la creciente convivencia entre ambos espacios ayudó a sepultar el tema.
Campero podría despejar las sospechas publicando la ejecución presupuestaria, los pagos realizados y la correspondiente convalidación legislativa.
Porque una causa archivada puede cerrar un expediente. Lo que no debería archivar es el derecho de los ciudadanos a saber qué ocurrió con más de $2.000 millones actuales.
