La historia de los problemas con las inundaciones por grandes lluvias en Tucumán es un problema de toda la vida. Un breve repaso por todas las lluvias e inundaciones que conllevaron a varios desastres datan de fechas como febrero de 1992; enero de 1993; diciembre de 1997; febrero de 1999; enero de 2000; marzo de 2000; febrero de 2004; enero de 2006; marzo de 2006; enero de 2007. También hubo inundaciones en 2013, 2015, 2016 y 2017.
A raíz de todos estos desastres, Tucumán ha sido declarada en estado de emergencia en materia social e hídrica desde el 11 de enero de 2007 bajo la Ley N° 7875, que fue promulgada y ejecutada por el Poder Ejecutivo. Quien lideraba en ese entonces Casa de Gobierno era José Alperovich, bajo un contexto de un grave temporal e inundaciones en zonas como la capital, Río Colorado, La Cocha, Chicligasta y Concepción. Ese día la lluvia se cobró la vida de 2 personas arrastradas por la corriente y más de 5.000 familias fueron evacuadas.
Hasta la fecha, se ha promulgado y extendido leyes que han declarado a la provincia en estado de emergencia hídrica un total de 6 veces. Estas normas extienden la vigencia de la emergencia contemplada originalmente en la Ley 7875:
Ley Nº 8059 – 9 de mayo de 2008
Modifica / prorroga la Ley 7875.
Ley Nº 8229 – 18 de diciembre de 2009
Prorroga la vigencia hasta el 8 de enero de 2014.
Ley Nº 8652 – 26 de diciembre de 2013
Prorroga por dos años la vigencia de la Ley 7875 y sus modificatorias.
Ley Nº 9454 – 14 de diciembre de 2021
Prorroga la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.
Ley Nº 9646 – 5 de diciembre de 2022
Prorroga la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 y actualiza disposiciones administrativas.
Modificación en diciembre de 2025 (a través de la Ley de Presupuesto 2026)
Extiende la vigencia de la Ley Nº 7875 como estado de emergencia hídrica y social hasta el 31 de diciembre de 2026.
¿Qué quiere decir que la provincia esté en estado de emergencia?
Que una provincia esté en “estado de emergencia” significa que el gobierno reconoce oficialmente que existe una situación grave y urgente que afecta la vida cotidiana, los servicios o la seguridad de la población, y que, por lo tanto, necesita medidas excepcionales fuera del funcionamiento normal del Estado.
Esto le otorga al Estado provincial facultades extraordinarias sobre el uso del presupuesto y los mecanismos administrativos. En la práctica, permite sacar dinero rápidamente de partidas reservadas para emergencias o reasignar fondos que normalmente tendrían otros destinos. Esto se utiliza, por ejemplo, para comprar cisternas de agua para barrios sin suministro, contratar camiones o maquinaria, pagar servicios de emergencia o financiar obras rápidas como bombas, pozos perforados o conexiones temporales.
Contratar empresas sin licitación
El gobierno puede contratar empresas de manera directa, sin pasar por todo el proceso administrativo tradicional de licitaciones públicas. Esto se justifica bajo el argumento de que “el tiempo es crucial” ante situaciones como falta de agua, inundaciones o fallas en la infraestructura.
Sin embargo, este mecanismo dejó espacio para que el peronismo utilice el sistema para robar fortunas. Al reducirse los controles y acortarse los plazos administrativos, puede abrirse la puerta a contrataciones con precios inflados, favoritismos empresariales o vínculos poco transparentes, practicas que hoy en día se llevan a cabo. Lla estructura misma genera un marco donde podrían darse prácticas irregulares, discrecionales o incluso clientelistas si no se vigila adecuadamente.
Mover personal y maquinaria
La emergencia le permite al gobierno redistribuir empleados, convocar cuadrillas adicionales o solicitar apoyo de municipios cercanos, movilizando maquinaria o recursos humanos sin los tiempos normales de aprobación.
En teoría, esto debería agilizar la respuesta en zonas afectadas. Pero, en la práctica, el kirchnerismo que gobernó la provincia de Tucumán por más de 2 décadas utilizó la falta de límites claros para facilitar la incorporación de personal ilimitados por motivos políticos y no técnicos, esto engrosando su nomina del sistema clientelista que en el marco legal reduce controles y genera abuso al no ser controlado con rigor.
El problema de la transparencia
Aunque en Tucumán si hay algo en lo que brilla el estado público, es que en Tucumán los señores de traje que hoy le cuestan a los tucumanos más de $10.241.000 diez millones doscientos cuarentaiuno mil pesos cada uno por día a todos los tucumanos NUNCA han tratado una ley de acceso a la información pública. Solo en noviembre de 2024 el gobernador Jaldo nombró muy vagamente la intención de crear una, pero como toda palabra que viene de un peronista, quedó en la mismísima nada. Cuando Argentina creó una ley de transparencia fiscal en 2016, el gobierno de Tucumán no adhirió ni trató una ley propia, simplemente se lavaron las manos o se hicieron los pelotudos como diríamos nosotros.
Resultados invisibles en los barrios
Pero todas estas facultades que se ha atribuido el gobierno de Tucumán no han sido reflejadas en resultados en los barrios, ya que en absolutamente toda la provincia el agua es escasa, sufren inundaciones en cada rincón de Tucumán y la ayuda es deficiente. Por ejemplo, en Los Ralos cuando sufrió una inundación hace poco en 2025 por el 29 de diciembre, la respuesta tardó 12 horas en llegar; gente que poco tenía perdió todo. El agua no llega a los barrios y es solo cuestión de mirar la capital.
El Plan Pre Lluvia y su fracaso
Uno de los grandes proyectos del que la provincia se alaba es el Plan Pre Lluvia, un plan que nació por las décadas del 2000 con el kirchnerista de Alperovich a cargo y que a día de hoy no ha dado ningún tipo de frutos. Hasta la fecha, según decretos oficiales, la Nación sigue mandando montos que no responden o reflejan trabajo alguno con resultados positivos del supuesto objetivo que debería alcanzar el Plan Pre Lluvia, ni en capital ni en el interior
