Con una inversión millonaria en drones y sistemas de vigilancia, Japón respaldará a la Argentina frente a la pesca ilegal que ejercen flotas extranjeras en aguas cercanas al país.
En un movimiento de fuerte impacto geopolítico y estratégico, Japón anunció la puesta en marcha de un programa de asistencia destinado a reforzar la capacidad de vigilancia marítima de países sudamericanos que enfrentan la creciente presión de flotas pesqueras chinas vinculadas a la pesca ilegal. La iniciativa beneficiará a la Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador, naciones clave en la protección de los recursos del Atlántico y el Pacífico Sur.
El programa, confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés y difundido por Nikkei Asia, contempla el envío de drones de vigilancia, botes patrulleros inflables y tecnología avanzada para el análisis de imágenes aéreas. Tokio destinó 300 millones de yenes —unos 1,9 millones de dólares— que serán canalizados a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Según precisaron fuentes oficiales, el equipamiento permitirá identificar con mayor precisión la matrícula de los buques, el tamaño de las tripulaciones y las rutas de navegación, un punto clave frente a una práctica habitual de la pesca ilegal: la desconexión deliberada de los sistemas de posicionamiento satelital para evitar el control.
La preocupación internacional por el accionar de las flotas chinas no es nueva. En el Pacífico, operan en las inmediaciones de las Islas Galápagos y luego descienden frente a Perú y Chile. En el Atlántico Sur, la actividad se concentra en aguas cercanas a la Argentina y Uruguay, especialmente en el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva.
En el caso argentino, el fenómeno alcanzó niveles alarmantes durante la última década. Datos de Global Fishing Watch indican que la actividad pesquera en la denominada “Milla 201” pasó de 61.727 horas por cada 500 kilómetros cuadrados en 2013 a 384.046 horas en 2023, un crecimiento exponencial que evidencia la magnitud de la pesca ilegal en la región.
La Prefectura Naval Argentina informó recientemente que reforzó el monitoreo de más de 500 buques pesqueros extranjeros que se espera arriben a la Milla 201 durante la próxima zafra del calamar. De ese total, 148 ya fueron detectados en tránsito, con una marcada predominancia de embarcaciones provenientes de China, Corea del Sur y Taiwán.
Investigadores locales también advirtieron sobre posibles tareas de prospección del fondo marino. El arrastrero chino Lu Qing Yuan Yu 205, que en 2016 fue sorprendido pescando ilegalmente dentro del Mar Argentino, fue detectado este año realizando movimientos compatibles con el mapeo de la Plataforma Continental, según denunció el investigador Milko Schvarzman, del Círculo de Políticas Ambientales.
El respaldo japonés se da en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei puso el foco en la defensa de la soberanía, el orden y el cumplimiento de la ley, incluyendo el control de los recursos estratégicos del país. El fortalecimiento del monitoreo marítimo y la cooperación con países que respetan las normas internacionales se inscriben en una política exterior más firme.
El problema de la pesca ilegal excede lo ambiental y lo económico. En 2017, Ecuador capturó al buque chino Fu Yuan Yu Leng 999 dentro de la reserva de Galápagos con más de 6.600 tiburones a bordo. A ello se suman denuncias sobre abusos laborales y violaciones a los derechos humanos de trabajadores embarcados en flotas ilegales.
Desde la Cancillería japonesa sostienen que combatir la pesca ilegal en Sudamérica no solo permitirá preservar los recursos naturales, sino también mejorar las condiciones laborales en alta mar y fortalecer los vínculos estratégicos de Japón con la región.
