Río de Janeiro fue escenario este martes de una operación policial a gran escala contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más grandes de Brasil. El operativo, centrado en los complejos de favelas de Alemão y Penha, dejó un saldo de 64 muertos, entre ellos cuatro agentes de policía.
La ofensiva movilizó a 2.500 agentes, apoyados por 30 vehículos blindados, dos helicópteros y drones de reconocimiento y ataque. La acción comenzó antes del amanecer con el bloqueo de autopistas y avenidas estratégicas. Las autoridades informaron que la operación resultó en la detención de 81 personas y la incautación de 42 fusiles de alto calibre.
El objetivo principal de la incursión era Edgar Alves de Andrade, conocido como “Doca” o “Urso”, señalado por la Fiscalía como el jefe regional del Comando Vermelho en Penha. “Doca” acumula más de un centenar de causas judiciales por delitos que incluyen homicidio, tráfico de drogas y tortura. Se ofrece una recompensa de 100.000 reales (unos 17.500 dólares) por su captura.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, ha mantenido una política de confrontación directa con el Comando Vermelho. Chris Dalby, director del observatorio World of Crime, señaló a Infobae que esta fue “el más letal contra grupos criminales en la historia de la ciudad” y que tres de las cuatro operaciones con más muertes han ocurrido durante el mandato de Castro.
Dalby describió a “Doca” como “uno de los criminales más poderosos de Río de Janeiro”, responsable de la expansión violenta del grupo. El experto señaló que “Doca” mantiene conflictos con las milicias, definidas por el informe como “organizaciones criminales vinculadas a sectores de la ultraderecha brasileña y formadas en muchos casos por policías y militares en activo o retirados”.
El Comando Vermelho, fundado en una prisión en 1979, opera como una red descentralizada que controla territorialmente barrios con escasa presencia estatal. La fiscalía considera los complejos de Penha y Alemão como “un punto estratégico para el flujo de drogas y armas”.
La operación paralizó la zona norte de Río, afectando a más de 200.000 personas. Se suspendieron las clases en 45 centros educativos y se alteraron doce líneas de autobuses. Los habitantes de la zona vivieron escenas de alta tensión, con reportes de ráfagas de tiros y uso de granadas.
El operativo reabrió el debate sobre los límites de la fuerza estatal en zonas densamente pobladas. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han alertado sobre la letalidad policial en Río. Un informe de HRW de 2009 ya advertía sobre posibles ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de enfrentamientos.
En 2024, unas 700 personas murieron en intervenciones policiales en el estado de Río. Esta no es la primera operación de alta letalidad en la zona. En mayo de 2022, una redada en Vila Cruzeiro, parte del mismo complejo, dejó 23 muertos. Las autoridades indicaron que la operación de este martes continúa en desarrollo.
