El Ministerio Público imputó al expresidente y al ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo, por presuntas irregularidades financieras vinculadas con la entidad. Los fiscales solicitaron la prisión preventiva de ambos y apuntaron al manejo de depósitos estatales, operaciones accionarias y préstamos.
La crisis de Ueno Bank sumó un capítulo judicial de alto impacto en Paraguay. La Fiscalía estimó que las operaciones investigadas habrían ocasionado un perjuicio patrimonial superior a los US$ 809 millones e imputó al expresidente Santiago Peña y al ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo.
La presentación fue realizada el sábado 7 de noviembre por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. A Peña le atribuyeron los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. Carvallo, además, fue imputado por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Para ambos solicitaron la prisión preventiva.
Los fondos públicos bajo sospecha
Uno de los principales ejes de la investigación es el volumen de recursos estatales depositados en Ueno Bank entre 2023 y 2026. Entre los organismos mencionados figuran el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, Yacyretá, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y distintas cajas jubilatorias.
Un informe de la Dirección General del Tesoro Público estableció que, hasta septiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en la entidad alcanzaban los 3,6 billones de guaraníes y otros US$ 233,4 millones.
La Fiscalía calculó que los fondos en moneda local equivalían a unos US$ 576,1 millones. Sumados a los depósitos en dólares, la cifra asciende a US$ 809,5 millones. Los investigadores también cuestionan que, mientras recibía esos recursos, el banco habría otorgado créditos a sociedades vinculadas con su propio grupo económico.
Las operaciones de Peña con el grupo empresario
La imputación también puso bajo la lupa los vínculos patrimoniales que Peña habría mantenido con el conglomerado empresarial relacionado con Ueno Bank durante su gestión presidencial.
Según la documentación fiscal, en marzo de 2019 había adquirido 1.500 acciones preferidas de Credicentro SAECA por 1.500 millones de guaraníes. La firma posteriormente pasó a integrar Ueno Holding. En su declaración jurada de 2023, ya como presidente, informó un patrimonio neto de 23.024 millones de guaraníes, un incremento del 1.603% respecto de su presentación de 2017.
Los fiscales también observaron dos préstamos que Ueno Bank le otorgó en mayo de 2024 por un total de 3.548 millones de guaraníes, destinados a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino. Las cuotas mensuales ascendían a 239 millones de guaraníes, alrededor de seis veces su remuneración presidencial.
Las colocaciones del IPS y el rol del Banco Central
Otro punto de la investigación son las reuniones que Peña mantuvo con el entonces titular del IPS, Jorge Brítez, entre el 22 y el 27 de agosto de 2024. Dos días después del último encuentro, el organismo previsional aprobó la compra de bonos financieros emitidos por Ueno Bank por 250.000 millones de guaraníes, con un plazo de siete años.
La Fiscalía también analiza la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central. Antes había presidido Financiera Ueno, por lo que los investigadores buscan determinar si existió un conflicto de intereses en las decisiones de autorización, regulación y supervisión de la entidad.
La causa busca establecer si las operaciones financieras y las decisiones de los funcionarios favorecieron al grupo económico vinculado con el banco y expusieron recursos públicos a un riesgo patrimonial.
Las imputaciones y el cálculo del perjuicio corresponden a la hipótesis del Ministerio Público. La responsabilidad penal de Peña y Carvallo deberá ser determinada por la Justicia.
