El caso Figueroa se convirtió en un problema político de alto voltaje para el oficialismo tucumano. El procesamiento de la legisladora Sandra Figueroa por presunto lavado de activos, confabulación para el narcotráfico y asociación ilícita puso en alerta a la conducción del peronismo local, justo a menos de dos semanas de las elecciones del 26 de octubre.
La resolución del juez federal José Manuel Díaz Vélez también alcanza al destituido intendente de Alberdi, Luis “Pato” Campos, y generó un fuerte malestar dentro del bloque oficialista. En los pasillos de la Legislatura y de la Casa de Gobierno admiten que el caso Figueroa llega en el peor momento, y que el silencio de las primeras horas fue más una estrategia de contención que una muestra de indiferencia.
En mayo, cuando se dispuso la intervención del municipio de Alberdi y se allanó el domicilio de Figueroa, la legisladora había pedido licencia temporal. Sin embargo, luego retomó sus funciones en el recinto. Ahora, tras el procesamiento, su continuidad vuelve a estar en discusión.
Aunque la medida judicial no implica su desafuero ni un pedido de prisión preventiva, el juez comunicó la resolución a la Legislatura. La parlamentaria tiene prohibido salir de la provincia y del país, además de un embargo por $250 millones.
En el oficialismo reconocen que la presión opositora crecerá con el correr de los días y que el impacto político del expediente podría extenderse a la campaña. Por eso, entre murmullos, algunos legisladores deslizan que la salida menos costosa sería una nueva licencia de la propia Figueroa, antes de que el caso Figueroa se transforme en una crisis mayor.
