El presidente Javier Milei logró un importante triunfo legislativo con la aprobación del proyecto de “Ficha Limpia” en la Cámara de Diputados, con 144 votos a favor, 98 en contra y las abstenciones de Miguel Pichetto y Nicolás Massot. Este paso decisivo refuerza el compromiso del gobierno por asegurar un sistema electoral más transparente y justo. La iniciativa ahora pasa al Senado, donde, a pesar de los intentos de bloqueo por parte del kirchnerismo, se espera que continúe su curso hacia la sanción definitiva.
La propuesta, respaldada por una amplia mayoría en Diputados, tiene como objetivo evitar que quienes tengan una condena confirmada por un tribunal de revisión puedan ser candidatos a cargos electivos. También establece restricciones para los funcionarios del Poder Ejecutivo, desde el jefe de Gabinete hasta los directores de empresas estatales. Esta medida busca garantizar que aquellos con antecedentes penales por delitos graves no puedan acceder a cargos públicos, fortaleciendo así la confianza en las instituciones.
Si la ley se aprueba este año, cerraría el paso a una candidatura de Cristina Kirchner, cuya condena en la causa Vialidad fue confirmada por la Cámara Federal de Casación en noviembre pasado. De esta forma, la norma contribuye a una limpieza en la política y a un sistema electoral más equitativo.
Aunque algunos sectores del Senado, en su mayoría vinculados al kirchnerismo, intentarán bloquear la ley, los avances en Diputados evidencian un fuerte apoyo popular y legislativo que respalda la iniciativa. A pesar de los esfuerzos de la oposición para frenar el proyecto, el respaldo en la Cámara Baja demuestra que hay un amplio consenso en la sociedad y entre los legisladores de que esta reforma es esencial para el futuro del país.
El proyecto, que obtuvo 144 votos a favor, fue aprobado gracias a la colaboración entre los bloques de La Libertad Avanza, PRO, la Coalición Cívica, un sector de la UCR y Democracia para Siempre, junto con diputados de otros espacios, como Encuentro Federal. Este apoyo transversal muestra el sólido respaldo que tiene la ley para modificar las reglas de elegibilidad y garantizar que los candidatos a cargos públicos no tengan antecedentes de corrupción o delitos graves.
Además, el legislador cordobés Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, jugó un rol crucial al negociar los detalles del texto y asegurar que el proyecto cumpliera con los objetivos planteados por el oficialismo. A pesar de las disputas internas y las objeciones de algunos sectores, se logró un consenso que permitirá avanzar con la ley.
La ley apunta directamente a los delitos más graves contra la administración pública, como el fraude, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito de funcionarios, entre otros. Estos delitos son contemplados en el Código Penal y son fundamentales para asegurar la integridad del servicio público. La inclusión de cualquier delito doloso contra la administración pública refuerza la eficacia de la ley y su compromiso con la lucha contra la corrupción.
