El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, presentó una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando que se condene a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el marco de la causa Vialidad. La presentación se produce tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó la condena de la ex mandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado.
La Fiscalía sostiene que el fallo de Casación incurre en una arbitrariedad al no haber considerado el delito de asociación ilícita para la ex presidenta y otros implicados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad José Periotti y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Este último había sido absuelto en la sentencia anterior, pero ahora la Fiscalía también apeló esa decisión.
En su escrito de 40 páginas, Villar argumentó que las pruebas demostraron la existencia de una “matriz de corrupción” liderada por Cristina Kirchner y su difunto esposo, el ex presidente Néstor Kirchner. Según el fiscal, la estructura de corrupción estuvo activa durante más de 12 años y se organizó estratégicamente para el desvío de fondos públicos en favor de Báez, quien recibió el 80% de las licitaciones de obra pública en Santa Cruz de manera irregular.
Paralelamente, la defensa de Cristina Kirchner, representada por el abogado Alberto Beraldi, también presentó una apelación ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la condena de seis años de prisión. En su escrito, solicitaron la convocatoria a una audiencia pública y la absolución de la ex mandataria.
La causa Vialidad, que expuso un entramado de corrupción en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, se ha convertido en un emblema de la impunidad del kirchnerismo. Las pruebas presentadas a lo largo del juicio confirmaron cómo se direccionaron licitaciones en favor de Báez, quien no solo era un empresario ligado al oficialismo, sino que también tenía una relación directa con la familia Kirchner. Durante el proceso, se detalló cómo los contratos eran otorgados a empresas sin capacidad real de ejecución y cómo se inflaban presupuestos para desviar dinero estatal.
Este nuevo pedido de la Fiscalía llega en un momento clave para la política argentina. Ayer, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ficha Limpia, un avance en la lucha contra la corrupción que impide a condenados por delitos graves presentarse a cargos electivos. Este proyecto, impulsado por el oficialismo de Javier Milei y sectores de la oposición alineados con la transparencia institucional, representa un freno a las maniobras de sectores políticos que buscan perpetuarse en el poder pese a sus antecedentes judiciales.
En este contexto, la eventual confirmación de la condena de Cristina Kirchner y la inclusión del delito de asociación ilícita reforzaría la necesidad de que los líderes políticos enfrenten las consecuencias de sus actos. Mientras el kirchnerismo busca victimizarse y deslegitimar las investigaciones judiciales, la realidad muestra que el país avanza hacia una mayor institucionalidad, con medidas que buscan poner un límite a la corrupción enquistada en el Estado.
La Corte Suprema de Justicia tendrá ahora la última palabra sobre este caso, que sigue despertando gran interés en la sociedad y que podría sentar un precedente histórico en la lucha contra la corrupción en Argentina.
Leer más de política
