Pasaron diez años de uno de los asesinatos más espantosos de la democracia argentina. El disparo a Alberto Nisman.
Siguen las dudas en torno al deceso del fiscal que investigó el atentado a la AMIA y denunció a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Sus hijas y gran parte de la opinión popular están convencidos de que fue un homicidio.
En el inicio de 2015, el fiscal Nisman estaba en el centro de la exposición política por su denuncia contra Cristina Fernández de Kircnner.
Nunca nadie de nuestra familia dudó que haya sido otra cosa”, coincidieron Iara (25) y Kala Nisman (18), que hablaron por primera vez desde el fallecimiento de su padre, aquel 18 de enero de 2015.
El fiscal fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero, a pocos días de denunciar a la líder del Partido Justicialista (PJ) por encubrir el ataque terrorista que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994. Aún así, las jóvenes Nisman dejaron de buscar culpables. “Crecí y mi mamá me hizo no darle importancia a qué fue lo que pasó, sino a recordar a mi papá de otra manera, con fotos que encuentro o las cosas que guardo de él”, relató la menor, reconociendo que al terminar el secundario quería estudiar abogacía e investigar qué había sucedido con su papá.
Cronología del caso
La causa fue cambiando de rumbo a medida que pasó el tiempo, no así la opinión popular , ya que todos los cañones apuntaban a Cristina y sus secuaces.
El expediente pasó por varios juzgados y fiscalías, pero aún no fue elevado a juicio oral. Los primeros peritajes determinaron que no hubo intervención de terceros en el hecho y el único imputado era el asesor informático Diego Lagomarsino, por haber entregado el arma con el que se produjo la muerte a una persona que no tenía portación.
Así lo ratificó luego la Junta Médica que, conformada por peritos del Cuerpo Médico Forense, de la Policía Federal y de las partes, concluyó que no había indicios que confirmaran un asesinato.
El primer giro
En mayo de 2016 el expediente fue remitido al fuero federal. El juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano ordenaron un nuevo peritaje, pero en este caso se eligió a la Gendarmería Nacional Argentina. La conclusión de quienes ahora investigaban el caso fue que en la muerte de Nisman “habrían participado terceras personas ajenas a la víctima, que además intentaron simular su suicidio”.
En diciembre de 2017, Lagomarsino fue procesado como partícipe necesario del delito de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego” y otros custodios fueron acusados de “encubrimiento agravado” y de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Estos procesamientos fueron confirmados en junio de 2018 por la Sala II de la Cámara Federal porteña.
El informe elaborado hace unos días por Taiano
Taiano presentó un informe el pasado 10 de enero en el cual asegura que “se corroboró la participación activa de terceras personas” que ingresaron al departamento, redujeron a Nisman, lo trasladaron hasta el baño y “allí, con la intención de simular un suicidio, lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza, en el horario comprendido entre las últimas horas del 17 y la madrugada del 18 de enero de 2015”.
Tras haber asumido el trámite de la causa y analizado en detalle los elementos de prueba, el fiscal Taiano denunció la existencia de enormes irregularidades en el procedimiento llevado a cabo entre los días 18 y 19 de enero de 2015, cuando Nisman fue hallado sin vida: “La primera hora y media desde que se ingresó al departamento estuvo repleta de entradas y salidas de distintos funcionarios de la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Argentina. Hasta el momento no se ha brindado ningún tipo de justificación o asignación a tarea específica que sustente este accionar, que atentó directamente contra la preservación de la escena”.
Los detalles del hecho que brinda el documento
Uno de los segmentos más importantes del texto que se dio a conocer una semana atrás recuerda que en la investigación de la muerte del fiscal, “se corroboró la participación activa de terceras personas, las cuales ingresaron al departamento y, luego de reducirlo (a Nisman), lo trasladaron hasta el baño ubicado en el cuarto principal de la vivienda. Allí, con la intención de simular un suicidio, lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza, en el horario comprendido entre las últimas horas del 17 y la madrugada del 18 de enero de 2015″.
“De inmediato se verificó que como parte del plan criminal tendiente a simular un suicidio fue necesario facilitar el ingreso al domicilio de un arma con un vínculo verificable que permitiera franquear accesos y controles hasta el Dr. Nisman e inicialmente implantar la duda respecto del fatal desenlace -concepto conocido como “arma amiga”-. En el caso, el plan homicida se llevó adelante con la utilización de un arma registrada a nombre de Diego Ángel Lagomarsino -quien era colaborador del fiscal y prestaba servicios en la UFI-AMIA-“, puntualiza el informe.
Custodia ineficiente
Continuando la lectura del texto, también se repasa que el fiscal Taiano analizó “la labor ineficiente de la custodia que debía proteger a Nisman en su departamento”. Y se resaltó que “durante ese fin de semana los miembros de la Policía Federal Argentina que debían protegerlo abandonaron la consigna vigente en reiteradas ocasiones y por lapsos de tiempo prolongados. De esta forma, no sólo se vio facilitado el accionar homicida que terminó con la vida del fiscal, sino también lalibertad de manipular la escena sin ningún tipo de control”.
Los capítulos del informe incluyen no sólo el relato de los hechos investigados, sino también los obstáculos encontrados en el proceso, como por ejemplo la falta de colaboración por parte de algunos organismos relevantes vinculados a los servicios de inteligencia y áreas del gobierno que manejaban información sensible sobre el atentado a la AMIA y sus posibles inteligencia
“Al día de hoy, sólo por mencionar un ejemplo evidente, no sabemos si los autores del homicidio pudieron haber salido del departamento por la vía de acceso ubicada en la cocina que nadie advirtió (o quiso advertir) durante los primeros momentos de la investigación”, se destaca en el escrito.
En ese sentido, se menciona que numerosos pedidos de acceso a documentos específicos fueron ignorados o demorados de manera injustificada, lo que dificultó avanzar en el esclarecimiento de la causa. Además, se denunció que algunos informes entregados por estas entidades llegaron incompletos o con información irrelevante, lo que generó suspicacias y potenció las sospechas sobre un ocultamiento deliberado.
La conclusión final es que, más allá del avance en la causa, la justicia argentina volvió a dejar en evidencia su lentitud, ineficacia y complicidad. La casta judicial, los intereses que hay en el medio, su relación con los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo), la presión del kirvhenrismo y un sinfín de factores malignos y distorsivos terminan empujando a que el poder independiente sea el más dependiente de todos. A eso hay que sumarle lo poco conocidas que son sus caras por el grueso de a sociedad, lo que le da un mayor grado de impunidad y poder de negociación.