La Justicia ha decidido dictar prisión preventiva por 60 días y ordenar un embargo de $3 millones a una joven de 18 años, identificada como Malena Anahí Serrano, acusada de enviar amenazas de bomba a una docente de la escuela Juan Luis Nougués. Esta acción marca la primera vez que se procesa a alguien bajo el delito de intimidación pública en este contexto. En casos anteriores, los implicados eran los padres de los acusados y continúan el proceso en libertad.
Según la acusación presentada por la fiscala Mariana Rivadeneira, el 7 de agosto, la joven envió mensajes a través de WhatsApp a una docente de la escuela informando sobre la colocación de artefactos explosivos en tres niveles del establecimiento, con la amenaza de causar graves daños en un radio de 1.000 metros alrededor de la escuela. Horas después, envió otra amenaza similar. Posteriormente, la acusada dio de baja la línea telefónica alegando un robo del teléfono.
En su defensa, Serrano afirmó que había dejado de usar esa línea hacía varios meses y que había entregado el chip a un compañero cuyo nombre se mantiene en reserva por ser menor de edad. Serrano sugirió que él podría ser el autor de las amenazas y afirmó que en los momentos en que se enviaron los mensajes, ella estaba durmiendo en su casa.
Este caso resalta la seriedad con la que se toman las amenazas de bomba y la aplicación de la ley en relación a la intimidación pública. La prisión preventiva y el embargo señalan la gravedad de las acusaciones y la importancia de investigar y sancionar adecuadamente este tipo de comportamientos.
Rivadeneira también solicitó que se le trabe embargo por $3 millones hasta que se cierre el caso. “No podemos dejar de tener en cuenta los costos que generan este tipo de conducta. Además de los momentos de angustia que generan en la comunidad, el movimiento de policías, el de bomberos y de defensa civil, generan un importante gasto al Estado. Tampoco debemos dejar de mencionar el perjuicio económico a los comercios de la zona y las dificultades a las personas de bien que causan”, fundamentó.
El defensor de la acusada, Juan Martín Villegas, calificó como “aberrante” la acusación de la fiscal y consideró que viola todos los derechos de la mujer. “Ella estuvo a disposición de la justicia y no hay pruebas en su contra. Ella dijo que entregó el chip a otra persona”, señaló al pedir que se rechacen todo lo solicitado por la representante del Ministerio Público.
El juez Alejandro Valeros coincidió con la fiscala al considerar que existen pruebas para considerar que la acusada sí intentó entorpecer la investigación. “También quedó demostrado que la imputada puede influir negativamente contra la testigos como es el caso de enviar mensajes a la docente”, agregó. También entendió que el tiempo solicitado es el apropiado.
