En la Legislatura, la oposición ha hecho hincapié en la preocupante situación generada por las frecuentes amenazas de bomba en escuelas y colegios de Tucumán. A través de diversos proyectos, los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) y de Fuerza Republicana (FR) buscan establecer medidas para fortalecer las investigaciones en relación con estas acciones, las cuales provocan evacuaciones diarias de varios establecimientos educativos y activan costosos operativos de seguridad que involucran a distintos organismos estatales.
Durante la última semana, se han presentado numerosas amenazas de supuestas explosiones en escuelas de la provincia, así como en la Facultad de Educación Física de la UNT. Anteriormente, también se habían registrado comunicaciones similares en la sede central de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En este contexto, el legislador del partido radical José María Canelada ha propuesto un proyecto de resolución para solicitar la comparecencia de los ministros Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) y Juan Pablo Lichtmajer (Educación). Canelada plantea la necesidad de que estos funcionarios informen al cuerpo legislativo acerca de las “medidas adoptadas para prevenir estas acciones y identificar a los responsables”.
Hoy hubo cuatro amenazas de bomba en colegios y escuelas tucumanas
Asimismo, se pide que se indique qué equipos técnicos están encargados de las investigaciones y cuáles son los protocolos implementados, cómo se abordará la recuperación de las horas de clases perdidas y qué acciones se han tomado desde el inicio de las amenazas para prevenir su materialización.
Canelada expresó en declaraciones al medio La Gaceta: “Lo que está ocurriendo va más allá de una mera broma de mal gusto. Hay una maniobra evidente y a gran escala cuyos propósitos y autores deben ser identificados con celeridad. Debemos actuar con mayor premura para detener una situación muy desagradable que está afectando a miles de familias y educadores”.
El legislador considera que “a pesar de la gravedad de la situación, no escuchamos las voces de los responsables de la seguridad y la educación en la provincia”. Además, señala que “parece que nadie quiere asumir la responsabilidad de estos problemas. Las amenazas de bomba a las instituciones educativas se están multiplicando y no se conoce ninguna investigación seria sobre el tema. Es sorprendente que no existan equipos técnicos capaces de rastrear el origen de estos ataques”.
Amenazas de bomba en escuelas: habrían identificado números de teléfono y mails
La vicepresidenta segunda de la Legislatura, Sandra Orquera (FR), demanda la aplicación de la Ley 9.486, la cual establece la creación de la Unidad Fiscal de Delitos Cibernéticos dentro del Poder Judicial de Tucumán. “Llevamos semanas viendo cómo se evacuan instituciones debido a amenazas de bomba. La creación de esta fiscalía es urgente”, enfatiza la líder de Fuerza Republicana.
Orquera recuerda que la ley fue aprobada por el cuerpo legislativo en diciembre de 2021. Aunque el texto fue promulgado en enero de 2022 por el Poder Ejecutivo, su implementación se ha retrasado debido a una acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).
Uno de los puntos centrales de esta acción judicial se refiere a la posible “interferencia indebida del Poder Legislativo en las facultades y atribuciones exclusivas del MPF”. “La ley 9.486 pasa por alto que la ciberdelincuencia es un fenómeno criminal y no un delito específico, así como ha sido tratada en el MPF. A partir de los datos recolectados, se ha propuesto una investigación interdisciplinaria debido a la complejidad que conlleva, definiendo los delitos más frecuentes relacionados con la ciberdelincuencia en Tucumán”, argumenta la demanda, que actualmente se encuentra en proceso en la CSJT.
Orquera insiste en que “no hay razón para seguir demorando la implementación” de esta normativa. Asegura que “con la Fiscalía de Delitos Cibernéticos en funcionamiento, avanzaríamos mucho más rápido en la identificación de los responsables de las amenazas de bomba”. Agrega que apelan a que el Ministro Fiscal establezca la unidad especializada lo antes posible.
