El derrumbe de un puente en Manantial Sur vuelve a poner bajo la lupa el estado de la obra pública realizada durante las gestiones peronistas en Tucumán. A casi ocho años del colapso, uno de los cruces continúa clausurado, la Justicia todavía no determinó las responsabilidades y la Provincia enfrenta ahora el desafío de afrontar una nueva obra cuyo costo podría rondar los $1.000 millones.
El episodio ocurrió el 20 de septiembre de 2018, cuando el puente Este, ubicado sobre el Canal Sur, colapsó mientras era atravesado por un camión cargado con áridos. Las péndolas que sostenían el tablero se cortaron y la estructura cayó sobre el lecho del canal. No hubo víctimas.
El dato que expone las deficiencias de la obra es el tiempo transcurrido desde su finalización. Los puentes habían sido construidos por Falivene Constructora SRL dentro de una obra contratada por la Dirección Provincial de Vialidad en 2008. Los trabajos fueron dados por terminados en octubre de 2015. Menos de tres años después, uno de los dos puentes se derrumbó.
La situación resulta especialmente significativa por el contraste entre el discurso histórico del peronismo tucumano en defensa de la obra pública y el estado en que quedó una infraestructura que debía garantizar durante décadas la conexión vial de la zona.
Una obra que no resistió el paso del tiempo
El proyecto contemplaba dos puentes gemelos sobre el Canal Sur, construidos con un sistema de tableros suspendidos de un arco superior mediante péndolas.
Antes de la finalización de los trabajos, ambas estructuras fueron sometidas a una prueba de carga. Según el acta correspondiente, los resultados fueron satisfactorios.
Sin embargo, en septiembre de 2018, uno de los puentes colapsó completamente.
Tras el derrumbe, la Dirección Provincial de Vialidad encargó un estudio al Instituto de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. El informe técnico, entregado en febrero de 2020, señaló la existencia de vicios estructurales que hacían al puente impropio para su destino y advertía sobre un riesgo de colapso.
El estudio también llamó la atención sobre el puente gemelo: había sido construido con los mismos materiales y mediante una técnica similar, por lo que podía presentar los mismos defectos.
Por recomendación técnica, el segundo puente fue clausurado preventivamente. Desde entonces permanece inutilizado.
La Provincia reclamó a la constructora
La empresa Falivene rechazó la responsabilidad por el derrumbe y sostuvo que el colapso había sido provocado por el impacto lateral de un camión con acoplado. La constructora afirmó además que la estructura principal y los basamentos permanecían intactos y que se trataba de un hecho atribuible a un tercero.
La Provincia, en cambio, fundamentó su posición en el informe de la UNT y reclamó judicialmente por los daños ocasionados.
En marzo de 2020, Vialidad presentó una demanda contra la empresa por $29,8 millones, más intereses, gastos y costas. El planteo se basó en la responsabilidad del constructor por la ruina de una obra.
El expediente, sin embargo, todavía no tiene una sentencia sobre el fondo de la cuestión.
Ocho años de expediente y un puente inutilizado
La causa comenzó en el fuero Civil y Comercial, pero en 2023 la Cámara Civil y Comercial se declaró incompetente al considerar que el conflicto derivaba de un contrato de obra pública.
El expediente pasó entonces al fuero Contencioso Administrativo. La última resolución, dictada en junio de 2026, estuvo vinculada con una cuestión procesal relacionada con documentación incorporada al expediente.
Es decir, a casi ocho años del derrumbe, la Justicia todavía no determinó quién debe asumir definitivamente la responsabilidad por el colapso.
Mientras tanto, el puente gemelo continúa cerrado y la infraestructura deteriorada permanece en el lugar.
Una obra nueva que podría costar $1.000 millones
En 2021, durante la segunda gestión de Juan Manzur, la Provincia construyó un nuevo puente sobre los cimientos del que había colapsado. La obra demandó aproximadamente $70 millones y utilizó un diseño diferente, basado en vigas premoldeadas apoyadas sobre los estribos.
La solución, sin embargo, no resolvió el problema del segundo cruce.
Actualmente, desde el Ministerio de Obras Públicas estiman que construir un nuevo puente tendría un costo cercano a los US$2.000 por metro cuadrado. Para una estructura de aproximadamente 10 metros de ancho por 20 metros de largo, la inversión podría alcanzar los $1.000 millones.
El costo de una obra pública que no cumplió su objetivo
El caso del puente de Manantial Sur deja una pregunta inevitable sobre la calidad y el control de la obra pública durante las gestiones peronistas en Tucumán.
La infraestructura fue contratada en 2008, terminada en 2015 y uno de sus puentes colapsó apenas tres años después. El otro, construido con materiales y técnicas similares, permanece clausurado desde 2018.
Mientras durante años el peronismo tucumano hizo de la obra pública una de sus principales banderas de gestión, el resultado concreto de este proyecto fue un puente destruido, otro inutilizado, una causa judicial que lleva años sin resolución y la necesidad de destinar una nueva suma millonaria para solucionar un problema que originalmente debía quedar resuelto con aquella obra.
La discusión ya no pasa solamente por cuánto dinero se destinó a construir infraestructura, sino también por qué calidad tuvieron esas obras, cuánto tiempo duraron y cuánto termina pagando nuevamente el Estado cuando una infraestructura falla.
A ocho años del derrumbe, el puente sigue clausurado y la respuesta definitiva todavía está pendiente.
