El transporte público de pasajeros atraviesa una semana clave en San Miguel de Tucumán. La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) comunicó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) una serie de medidas de urgencia frente a la crisis económica que afecta al sector, entre ellas, la suspensión rotativa de choferes y otros empleados.
Según informaron desde Aetat, las suspensiones buscarán afectar “lo menos posible” el ingreso de los trabajadores y no repercutir inicialmente en la frecuencia de los servicios. Sin embargo, advirtieron que si no hay avances en las negociaciones, podría reducirse la circulación de unidades para evitar mayores costos en combustible. “Es una semana crítica”, reconoció uno de los empresarios.
Las primeras suspensiones fueron notificadas en la empresa El Ceibo, y se estima que unas 150 personas podrían ser alcanzadas en esta etapa. El encuentro entre los representantes de Aetat —Jorge Berretta (vicepresidente) y César Atim (secretario)— y el titular de UTA Tucumán, César González, se produjo en medio de un clima de creciente tensión con el municipio capitalino.
Berretta señaló que las empresas del transporte urbano enfrentan una situación “crítica y límite”, y reclamó la falta de respuestas por parte del municipio. “Las empresas de San Miguel de Tucumán son las más endeudadas y con mayores dificultades para seguir adelante”, expresó. Además, propuso la implementación de un sistema de pago “por kilómetro recorrido”, similar al que utilizan otras capitales como Córdoba, Salta y Mendoza.
El dirigente empresario también advirtió sobre otros problemas que agravan la crisis, como la expansión de los servicios informales de transporte tipo “Uber Motos” y las dificultades para renovar unidades.
Cruce con el municipio
El conflicto se intensificó a raíz del intercambio de notas entre Aetat y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Desde la entidad empresaria reclamaron el cambio de sistema de pago para evitar nuevos aumentos en la tarifa del boleto, mientras que el municipio rechazó la propuesta y acusó al sector privado de mantener una “conducta extorsiva”.
El fiscal municipal, Conrado Mosqueira, respondió en duros términos al pedido de Aetat. En su escrito, calificó como “llamativo” el accionar de la asociación y advirtió que los empresarios “intiman al municipio bajo amenaza de paro inmediato del servicio”, además de solicitar un subsidio de $2.000 millones.
Mosqueira señaló que, de persistir esta postura, podrían formularse denuncias por extorsión. También respondió punto por punto los planteos de Aetat: recordó que la fijación de tarifas depende del Concejo Deliberante; negó omisiones en los controles de transporte; y consideró que las deficiencias en la frecuencia y calidad del servicio son “hechos notorios y públicos”.
Asimismo, defendió la implementación del sistema SUBE como un avance en transparencia y trazabilidad de los fondos, y rechazó que programas como el Boleto Educativo Municipal se utilicen con fines políticos.
Por último, el municipio destacó su voluntad de diálogo, mencionando una nota enviada al secretario de Transporte provincial, Vicente Nicastro, para conformar una mesa de trabajo conjunta. Según Mosqueira, esa propuesta, enviada el 15 de septiembre, aún no recibió respuesta.
El conflicto entre los empresarios del transporte, los trabajadores y el municipio mantiene en vilo a los usuarios, mientras se esperan definiciones en una semana considerada clave para el futuro del servicio en la capital tucumana.
