El Gobierno nacional apeló formalmente el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos beneficiarios de la demanda internacional por la expropiación de la petrolera en 2012. La presentación se realizó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, incluso antes de que la magistrada resuelva el pedido de suspensión del fallo (“stay”) solicitado por la defensa argentina.
El caso se remonta a la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de estatizar YPF, a través de un proceso cuestionado por la falta de una oferta pública de adquisición (OPA) obligatoria según el estatuto de la empresa. Esto derivó en una millonaria demanda, que concluyó en 2023 con una sentencia que condena al país a pagar U$S16.000 millones, principalmente a Burford Capital, un fondo que adquirió los derechos de litigio de las empresas Petersen Energía y Eton Park.
Desde el entorno del presidente Javier Milei se reiteró que el actual Gobierno no impulsó este conflicto sino que lo heredó de una gestión anterior, y que se agotarán todas las vías legales para defender el patrimonio nacional. A diferencia de etapas anteriores donde primó una actitud más negociadora, la postura actual es no convalidar lo que se considera una consecuencia directa de un manejo irresponsable del Estado sobre los activos estratégicos.
La decisión de apelar sin esperar la resolución sobre la suspensión sorprendió a algunos analistas. El especialista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, indicó que si bien no es ilegal, lo habitual hubiese sido esperar la respuesta de Preska. Sin embargo, el Ejecutivo optó por una estrategia de anticipación, posiblemente ante la expectativa de una resolución adversa y en un intento por acelerar el tratamiento del recurso.
En paralelo, el Gobierno argentino mantiene contactos con funcionarios de Estados Unidos para obtener respaldo político y diplomático frente a una decisión que puede tener consecuencias importantes en el plano financiero y reputacional. La amenaza de un eventual desacato judicial preocupa, dado que podrían imponerse sanciones o trabas que afecten la relación del país con los mercados internacionales.
El Ejecutivo nacional reafirmó su decisión de no ceder ante lo que considera una maniobra de “litigio oportunista” promovida por fondos especializados en pleitos contra Estados. Mientras tanto, la estrategia de Burford Capital continúa apuntando a la búsqueda de activos, con la mirada puesta en forzar una negociación.
El caso YPF, convertido en un símbolo del uso político de las empresas estatales, representa hoy un costoso pasivo para el Estado argentino. La actual gestión intenta revertir sus consecuencias legales y económicas, diferenciándose de los criterios que marcaron el proceso de estatización liderado por Axel Kicillof, entonces ministro de Economía.
