Cinco médicos del hospital Centro de Salud fueron imputados por la muerte de Francisco Molina, un hombre de 57 años que falleció en febrero de 2025 luego de haber sido atendido por un cuadro abdominal grave que, según la acusación, requería una cirugía de urgencia que nunca se realizó. La causa, que generó fuerte impacto en el ámbito judicial y sanitario tucumano, investiga un presunto caso de homicidio culposo por mala praxis médica.
Molina era docente en una fundación, padre de tres hijos y esperaba convertirse en abuelo por primera vez. Según relató su familia, no tenía antecedentes de salud de gravedad y todo comenzó el 7 de febrero del año pasado, cuando sufrió fuertes dolores abdominales y fue trasladado al hospital Avellaneda. Allí le diagnosticaron una hernia supraumbilical y los médicos le indicaron que debía ser intervenido quirúrgicamente.
Sin embargo, la operación nunca se concretó. Cuatro días después, el hombre regresó al hospital con un cuadro agravado: presentaba náuseas, sudoración intensa y dolores mucho más severos. Una tomografía confirmó que debía ser sometido a una cirugía de emergencia y, ante la falta de quirófano en el Avellaneda, fue derivado de urgencia al Centro de Salud.
“Fuimos en ambulancia con la sirena prendida porque nos dijeron que era urgente”, recordó Andrés Molina, hijo de la víctima. La familia aseguró que creyó durante horas que Francisco estaba siendo operado, pero sostiene que en realidad permaneció sentado en una silla, recibiendo calmantes y sin intervención quirúrgica.
De acuerdo con la investigación, al llegar al Centro de Salud fue atendido inicialmente por la médica Agustina Suárez, quien habría realizado una maniobra de reducción manual de la hernia. Luego intervino el jefe de guardia Adrián Orlando Rojas, quien indicó un tratamiento sintomático con analgésicos, antiinflamatorios y protector gástrico. Más tarde, otra profesional dejó asentado que el paciente mostraba una aparente mejoría y finalmente se decidió otorgarle el alta médica.
Pocas horas después, Molina volvió a descompensarse en su domicilio y fue nuevamente trasladado al hospital Avellaneda. Allí sufrió una falla respiratoria, fue intubado y posteriormente padeció dos paros cardiorrespiratorios que terminaron provocando su muerte.
“Si mi padre hubiera sido operado cuando correspondía, hoy estaría vivo”, sostuvo uno de sus hijos en la denuncia presentada ante la Justicia. La familia afirma que varios médicos consultados posteriormente coincidieron en que la única posibilidad de salvarle la vida era mediante una intervención quirúrgica inmediata.
La causa quedó en manos del fiscal Pedro Gallo, titular de la Fiscalía de Homicidios, quien avanzó rápidamente con la investigación. Uno de los elementos clave era el formulario de derivación elaborado por el hospital Avellaneda, donde se dejaba constancia de la necesidad urgente de cirugía. Sin embargo, cuando la Justicia solicitó ese documento al Centro de Salud, desde el hospital respondieron que no contaban con el mismo.
Esa situación derivó en la apertura de una segunda causa por presunto encubrimiento, que luego fue unificada con la investigación principal. Finalmente, la fiscalía imputó a Adrián Orlando Rojas, Agustina de Lourdes Suárez, Julieta Mena, Martín Isaías Brito y Jorge Gustavo Salomón por el delito de homicidio culposo por mala praxis médica, figura que contempla penas de hasta cinco años de prisión.
El abogado querellante, Juan Pablo Bello, destacó la rapidez con la que avanzó el expediente y remarcó que entre los imputados hay jefes de distintos turnos médicos. Además, señaló que el caso podría convertirse en uno de los pocos antecedentes de un juicio oral por mala praxis médica en Tucumán.
Mientras tanto, la familia Molina insiste en que no busca una reparación económica, sino justicia. “No queremos plata. Lo único que queremos ya no va a volver, que es mi papá. Solo queremos que esto no le pase nunca más a otra familia”, expresó Andrés Molina.
