Mientras gran parte de Tucumán atraviesa una situación crítica por las inundaciones, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó en los últimos días la inauguración de nuevos pozos de agua, en un intento por reforzar la infraestructura básica en distintas zonas de la provincia.
Sin embargo, en paralelo, crece la polémica por los recientes nombramientos en la Caja Popular de Ahorros, donde —según reveló el portal citado— se habrían asignado cargos con salarios que incluso superarían los ingresos de un ministro nacional, generando cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos en un contexto de emergencia.
La tensión surge en un momento particularmente delicado: las intensas lluvias provocaron anegamientos, evacuaciones y daños materiales en distintos puntos del territorio tucumano, dejando en evidencia falencias estructurales en materia de infraestructura hídrica. En ese escenario, la inauguración de pozos fue presentada por el Gobierno como una respuesta concreta para mejorar el acceso al agua y mitigar problemas históricos.
No obstante, las críticas apuntan a una aparente contradicción en las prioridades de gestión. Mientras se anuncian obras y acciones para paliar los efectos de la crisis, la designación de nuevas autoridades en la Caja Popular —una institución clave del sistema financiero provincial— se da bajo un esquema de remuneraciones elevadas.
Cabe recordar que el propio Jaldo tomó juramento recientemente a las nuevas autoridades del organismo, en un acto oficial en Casa de Gobierno, destacando el rol social de la entidad dentro de la provincia.
El contraste entre la emergencia climática y las decisiones administrativas reaviva el debate sobre la gestión de los recursos públicos y las prioridades políticas en momentos de crisis, donde distintos sectores reclaman mayor foco en soluciones estructurales frente a catástrofes recurrentes.
