El Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por representantes de la comunidad universitaria. La resolución ordena impedir el ingreso, hostigamiento o acercamiento no autorizado de efectivos policiales a las facultades y otros espacios de la institución.
La Justicia Federal de Tucumán resolvió prohibir el ingreso no autorizado de efectivos de la Policía provincial a los predios de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), luego de los episodios denunciados en la Facultad de Filosofía y Letras durante las protestas por el financiamiento universitario.
La medida fue dictada por el Juzgado Federal N.º 1, que hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por representantes docentes, no docentes y estudiantiles. Según informó la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt), el magistrado consideró que el accionar policial denunciado vulneró la autonomía universitaria y el principio de inmunidad jurisdiccional.
La resolución establece la prohibición de acercamiento, hostigamiento o ingreso no autorizado de efectivos policiales a la Facultad de Filosofía y Letras, así como a cualquier otro predio universitario y sus accesos directos, sin una orden legítima. También dispone el cese inmediato de prácticas intimidatorias o detenciones arbitrarias contra integrantes de la comunidad educativa.
Qué establece el fallo judicial
Entre los fundamentos, el juez destacó la protección constitucional del derecho a la protesta y sostuvo que las manifestaciones en defensa de la educación pública y del presupuesto universitario constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y la posibilidad de peticionar ante las autoridades.
En ese sentido, advirtió que las fuerzas de seguridad no pueden recurrir a métodos intimidatorios para desalentar el ejercicio de derechos políticos y sociales. También señaló que cualquier intervención estatal debe respetar los principios de proporcionalidad y los derechos humanos.
El fallo remarca, además, que las fuerzas de seguridad provinciales no tienen atribuciones para irrumpir, patrullar, requisar o realizar operativos preventivos dentro del ámbito universitario sin una orden de la autoridad judicial federal competente o sin cumplir los requisitos legales correspondientes.
Desde Adiunt celebraron la decisión y reivindicaron la organización de la comunidad universitaria frente a lo que calificaron como hechos de violencia institucional. Además, reclamaron que se investigue la responsabilidad de los funcionarios y agentes involucrados.
Los episodios que originaron el conflicto
La presentación judicial tomó como referencia dos hechos ocurridos en la Facultad de Filosofía y Letras los días 15 y 16 de octubre, en el contexto de las protestas por la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
De acuerdo con la denuncia, el primer episodio tuvo lugar el 15 de octubre, cuando un efectivo policial habría ingresado al edificio y acorralado a un estudiante en los baños. Según el relato incorporado al habeas corpus, el agente lo habría intimidado verbalmente y realizado ademanes de agresión física.
Al día siguiente, cuatro efectivos de Infantería habrían ingresado a la facultad con escudos y armas de fuego. Según el escrito, los uniformados se retiraron luego del reclamo de una docente.
Tras los acontecimientos, el decano de la institución, Sergio Robin, mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad provincial, Eugenio Agüero Gamboa. En ese encuentro, el Gobierno se comprometió a investigar lo sucedido. Sin embargo, representantes de distintos sectores de la comunidad universitaria decidieron avanzar con la presentación judicial.
Con esta resolución, la Justicia Federal estableció límites concretos a la intervención de la Policía provincial dentro de los espacios universitarios y puso nuevamente en el centro de la discusión la autonomía de las universidades públicas y las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta.
