La agresión al diputado nacional Federico Pelli durante una recorrida solidaria en la localidad tucumana de La Madrid volvió a poner en el centro de la escena política al ministro del Interior de la provincia, Darío Monteros. A pesar de la gravedad del episodio y de las múltiples críticas que surgieron desde distintos sectores, el gobernador Osvaldo Jaldo aún no le pidió la renuncia.
El hecho ocurrió cuando Pelli y dirigentes de La Libertad Avanza se encontraban asistiendo a familias afectadas por las inundaciones que golpearon al sur tucumano. En ese contexto, el legislador fue atacado con un cabezazo por Marcelo “Pichón” Segura, quien le provocó la fractura de la nariz.
Segura fue identificado como el agresor y quedó detenido, mientras se desarrolla la investigación judicial.
Sin embargo, el episodio adquirió rápidamente un fuerte tono político cuando se conoció que el atacante es un empleado público al que diversos dirigentes vinculan con el entorno del ministro Monteros.
Un episodio que salpica al Ministerio del Interior
Las imágenes del ataque generaron repudio en todo el arco político. Pero el foco de las críticas no solo se concentró en el agresor, sino también en el funcionamiento del Ministerio del Interior provincial.
El cuestionamiento central apunta a que el ataque no habría sido protagonizado por un ciudadano aislado, sino por una persona que forma parte del entramado político y administrativo del oficialismo.
Para la oposición, esto evidencia un problema estructural: la presencia de militantes o punteros dentro de estructuras del Estado que terminan cumpliendo roles informales de control territorial.
En ese contexto, el silencio político del gobierno provincial también quedó bajo la lupa. Si bien el gobernador Jaldo expresó su repudio al hecho y confirmó la detención del agresor, hasta el momento no tomó ninguna medida política contra Monteros.
Un ministro cuestionado por la gestión
El caso también volvió a poner en discusión la gestión del Ministerio del Interior en áreas clave.
Entre las críticas aparece la falta de obras estructurales para prevenir inundaciones en distintas regiones de la provincia. Cada temporada de lluvias, numerosos pueblos del interior vuelven a enfrentar los mismos problemas: rutas anegadas, viviendas afectadas y familias evacuadas.
En ese esquema, el Ministerio del Interior tiene un rol central en la articulación con los municipios y comunas para la ejecución de obras y la coordinación de respuestas ante emergencias.
Sin embargo, dirigentes opositores sostienen que, a pesar de los años de gestión del peronismo provincial, muchas de esas obras estructurales nunca se concretaron, lo que deja a numerosas localidades expuestas a crisis recurrentes.
Otro de los episodios que vuelve a poner bajo la lupa la gestión del ministro del Interior, Darío Monteros, es el escándalo por el presunto desfalco millonario en el municipio de La Banda del Río Salí. La investigación judicial apunta a un faltante cercano a los $17.000 millones, una cifra que generó fuerte impacto político en la provincia.
El caso no solo expone posibles irregularidades en la administración municipal, sino que también reabre el debate sobre los controles del gobierno provincial sobre los municipios del interior, una responsabilidad que recae en gran parte en el Ministerio del Interior, encargado de la relación institucional con intendencias y comunas.
A esto se suma otro problema que se repite año tras año en la provincia: la falta de condiciones edilicias en muchas escuelas para enfrentar las bajas temperaturas del invierno. Cada temporada, ante la llegada de las primeras olas de frío, se vuelve habitual la suspensión de clases en distintos establecimientos debido a la falta de calefacción o a problemas estructurales en los edificios escolares.
La situación vuelve a dejar al descubierto la ausencia de planificación y de obras de infraestructura básicas, lo que obliga a tomar medidas de emergencia que afectan la continuidad educativa de miles de alumnos tucumanos.
Las sospechas por el manejo político del interior
La figura de Monteros también aparece asociada a polémicas políticas en los municipios del interior tucumano. En ese marco, sectores opositores señalan que el manejo de estructuras territoriales y nombramientos políticos habría favorecido la presencia de militantes o punteros dentro de áreas estatales.
El episodio protagonizado por Segura volvió a instalar ese debate: la designación de personas cercanas al poder político en estructuras del Estado sin que necesariamente estén preparadas para cumplir funciones institucionales.
Para los críticos del oficialismo, el caso refleja un problema más amplio que va más allá de un hecho puntual de violencia.
La responsabilidad política
En medio de la crisis provocada por las inundaciones y del escándalo generado por la agresión a un diputado nacional, el interrogante político ahora gira en torno a la responsabilidad del ministro del Interior.
Mientras avanza la investigación judicial contra el agresor, la presión política se concentra en el gobierno provincial.
La pregunta que sobrevuela el escenario político tucumano es si el gobernador Jaldo tomará una decisión política respecto de su ministro o si, por el contrario, optará por sostenerlo en el cargo.
Por ahora, el silencio del Ejecutivo provincial mantiene abierto un conflicto que ya trascendió el episodio puntual y se convirtió en un debate sobre la calidad institucional, el funcionamiento del Estado y la responsabilidad política de quienes ocupan cargos públicos.
