Un relevamiento sobre los gastos de los concejos municipales en distintas ciudades del país ubica al Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán entre los más costosos de la Argentina. De acuerdo con los datos comparativos, el cuerpo legislativo de San Miguel de Tucumán se posiciona en el tercer lugar del ranking nacional en gasto anual por concejal durante la actual gestión municipal encabezada por Rossana Chahla.
Según la información difundida, el municipio cuenta con 18 concejales y un presupuesto total cercano a los $19.622 millones destinados al funcionamiento del cuerpo. Esto arroja un gasto anual por concejal que ronda los $1.100 millones, ubicando al distrito tucumano solo por detrás de Posadas y Río Gallegos dentro de la comparación nacional.
El informe compara concejos deliberantes de distintas ciudades del país y expone diferencias significativas en los costos de funcionamiento legislativo a nivel municipal. En ese listado aparecen también ciudades como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Salta y Resistencia, aunque con montos menores por representante.
El dato vuelve a poner el foco en el costo de la política en la provincia. A nivel provincial, la Legislatura de Tucumán también aparece entre las más costosas del país. Un relevamiento reciente señala que el cuerpo legislativo provincial tiene un presupuesto anual de aproximadamente $134.036 millones, lo que implica un costo cercano a $2.735 millones por legislador.
Ese nivel de gasto se refleja además en la percepción pública. Una encuesta realizada en distintos puntos de la provincia mostró que el 78% de los tucumanos tiene una imagen negativa de la Legislatura y que el 79% considera excesivo el dinero destinado a su funcionamiento.
En ese contexto, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, cuestionó el nivel de gasto del poder legislativo provincial y planteó la necesidad de una reducción drástica del costo de la política. Entre las propuestas mencionadas se encuentran limitar la cantidad de asesores por legislador, revisar la estructura administrativa y avanzar en reformas que reduzcan el tamaño del aparato político.
La combinación de un concejo municipal entre los más caros y una legislatura provincial con alto nivel de gasto vuelve a instalar el debate sobre el uso de los recursos públicos en la provincia. En ese marco, sectores políticos y analistas señalan que tanto el oficialismo peronista como la oposición radical forman parte del esquema institucional actual, lo que mantiene abierto el cuestionamiento sobre la falta de reformas para reducir el costo de la política.
