Un reclamo realizado por un vecino de San Miguel de Tucumán volvió a poner en discusión la relación entre la gestión municipal y las demandas ciudadanas. La frase “menos TikTok y más obras”, expresada de manera pública y sin agravios, generó una reacción política por parte del entorno de la intendente Rossana Chahla, que derivó en la desestimación del planteo al asociarlo con una postura partidaria.
El reclamo apuntó a la situación de la infraestructura urbana, particularmente al estado de las calles, donde persisten baches y deterioro en distintos barrios de la capital tucumana. Vecinos señalan que, tras más de dos años de gestión, los problemas estructurales continúan sin resolverse de forma integral.
Lejos de centrarse en el contenido del pedido —la ejecución de obras públicas—, la respuesta oficial interpretó el mensaje en clave política, atribuyéndolo a una supuesta afinidad ideológica del reclamante. Esta lectura generó cuestionamientos sobre si los ciudadanos deben manifestar o no su orientación partidaria para que sus reclamos sean considerados válidos por las autoridades.
El episodio reabrió el debate sobre el rol de los funcionarios públicos y el derecho de los vecinos a exigir el cumplimiento de las funciones básicas del Estado municipal, entre ellas el mantenimiento de la vía pública. También puso en foco el uso intensivo de redes sociales por parte de la intendente, especialmente TikTok, una plataforma que Chahla utiliza con frecuencia para su show.
El reclamo fue realizado de forma educada y directa, sin insultos ni expresiones violentas, y su descalificación por motivos políticos podría desalentar la participación ciudadana y el control democrático de la gestión pública, un estilo de silenciamiento a la voz popular y una clase de dictadura.
La situación dejó expuesta una tensión recurrente en la política local: la dificultad para diferenciar entre un cuestionamiento partidario y un reclamo genuino de un vecino que exige respuestas concretas a problemas cotidianos.
