La investigación por la utilización de personas privadas de la libertad para realizar trabajos en la vivienda del ex jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Alfredo Beltrán, avanzó en las últimas horas a partir de las declaraciones de dos policías imputados que pasaron a ser considerados testigos centrales. La Justicia les otorgó arresto domiciliario por razones de seguridad, aunque mantuvo las imputaciones en su contra.
El caso se originó hace casi un mes, cuando una denuncia presentada ante el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, alertó que Beltrán utilizaba a policías y a condenados para realizar tareas de albañilería en terrenos de su propiedad en El Cadillal, posteriormente identificados como fiscales. Al presentarse en el lugar, el ministro constató la situación y halló a dos efectivos y a dos penados por delitos sexuales trabajando en la obra.
Según la investigación, estos condenados, que debían estar alojados en un penal, dormían de lunes a viernes en la sede de Infantería de la URN y eran trasladados los fines de semana a comisarías para cumplir sus penas. El juez Eduardo González dictó seis meses de prisión preventiva para Beltrán —dado de baja por decreto del gobernador Osvaldo Jaldo— y para los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira. En una audiencia posterior, ese plazo fue reducido a cuatro meses.
A Beltrán se le atribuyen los delitos de peculado de uso y servicio, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público. A los dos sargentos se los acusa de participación secundaria en peculado y falsificación documental. Inicialmente, la defensa había impugnado la resolución, pero durante la audiencia de revisión, los acusados cambiaron de representante legal y solicitaron declarar.
Si bien sus testimonios permanecen bajo reserva, trascendieron elementos relevantes para la causa. Entre ellos, que realizaban las tareas de albañilería bajo amenaza de sanciones o traslados, que no recibían pagos adicionales y que las órdenes operativas provenían de la secretaria de Beltrán, la suboficial Claudia Paz. También confirmaron irregularidades en el manejo de los penados, quienes eran trasladados sin esposas ni custodia desde la base de Infantería, lo que comprometería a los oficiales responsables de esa división.
Las declaraciones también habrían involucrado a otros funcionarios de la URN, como la comisaria Fabiana Villagrán, encargada de Recursos Humanos, y al ex segundo jefe Sergio Juárez, quienes habrían estado al tanto de los trabajos. Asimismo, se habrían señalado usos irregulares de móviles policiales para fines personales del ex comisario y de su entorno.
En una nueva audiencia realizada el viernes, la defensora Julieta Jorrat solicitó medidas de protección para los testigos, argumentando riesgos de represalias. La fiscala Mariana Rivadeneira no se opuso y el querellante estatal acompañó el pedido. El juez dispuso que los acusados cumplan la prisión preventiva bajo arresto domiciliario, con monitoreo mediante pulseras electrónicas y controles presenciales. Sin embargo, se deberá determinar qué personal llevará a cabo esa supervisión, dado que ambos residen en jurisdicción de la URN, actualmente afectada por la investigación.
La fiscala continúa evaluando información que podría ampliar el número de imputados. Aunque por el momento solo hay tres procesados, la pesquisa alcanza a entre 12 y 14 efectivos que permanecen en disponibilidad hasta que se esclarezca su situación procesal.
