El Gobierno nacional avanzó en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal encargada de operar las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. A través del Decreto 695/24, publicado en el Boletín Oficial, se oficializó la venta del 49% de las acciones de la compañía, en el marco de la Ley de Bases 27.742.
El esquema contempla la licitación pública del 44% de las acciones, abierta a oferentes nacionales e internacionales, y un 5% reservado para los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada (PPP).
Pese al ingreso de capitales privados, el Estado mantendrá el 51% de participación accionaria bajo la órbita de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con potestad de decisión sobre proyectos estratégicos como nuevas centrales o retiros de servicio.
La medida busca obtener financiamiento para obras clave, como la Extensión de Vida de Atucha I —prevista para 2027— y el proyecto ASECG II, destinado al almacenamiento en seco de elementos combustibles de Atucha II.
Hasta ahora, la participación de NA-SA estaba distribuida entre el Ministerio de Economía (79%), la CNEA (20%) y Enarsa (1%). Esa composición se modificará para dar paso al nuevo esquema, que apunta a diversificar riesgos y sumar capital privado, sin perder el control estratégico sobre la energía nuclear del país.
