El Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán, bajo el gobierno de Osvaldo Jaldo, cerró 94 juicios por irregularidades en comunas rurales que suman $917,6 millones, y la Legislatura provincial analiza reformas a la ley de control financiero.
Desde comienzos de 2025 hasta mediados de septiembre, el organismo presidido por Miguel Chaibén Terraf e integrado por los vocales Sergio Díaz Ricchi y Marcelo Vidal dictó 94 Acuerdos que finalizaron procesos iniciados contra 50 comunas rurales. Las resoluciones declararon patrimonialmente responsables a delegados y secretarios de distintos períodos, por fondos no rendidos que, en algunos casos se remontan a 2016.
En total, las irregularidades alcanzan los $917,6 millones. Tres comunas concentran casi la mitad de esa cifra: El Manantial ($151,1 millones), Villa de Leales ($136 millones) y Los Sosa ($123,8 millones). En contraste, Gastona cerró un juicio de apenas $13.387, lo que refleja grandes diferencias en la magnitud de los casos.
Amaicha del Valle es la jurisdicción con más expedientes sustanciados, seis en total por $114,3 millones. Le sigue Acheral, con cinco expedientes por $16 millones. En tanto, 20 comunas enfrentaron un solo juicio cada una, con montos que van desde los $13.387 de Gastona hasta los $136 millones de Villa de Leales.
En paralelo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, presidida por Carlos Gallia, debate posibles modificaciones a la Ley Nº 6970 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control. El propio Tribunal de Cuentas propuso actualizar seis artículos, entre ellos el 194, referido a los plazos de prescripción, que generó posturas divergentes.
Gallia advirtió que el tema requiere prudencia: “Los temas que tocan la prescripción son muy sensibles y tenemos que garantizar que la ley sea clara y completa. El objetivo es obtener una ley que sirva para fortalecer la administración financiera y los sistemas de control de la provincia”.
Los 94 Acuerdos emitidos no solo marcan la magnitud de las falencias administrativas, sino también la necesidad de reforzar los mecanismos de control y fiscalización, en línea con la impronta del actual Gobierno nacional de transparentar el uso de los fondos públicos.
