La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolverá si Argentina debe entregar el 51% de las acciones de YPF o si podrá seguir con la apelación sin desprenderse del capital accionario. El fallo podría tener un fuerte impacto político, económico y diplomático para el país.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá este martes si el Estado argentino debe transferir el 51% de las acciones de YPF que mantiene en su poder o si podrá continuar el proceso judicial sin desprenderse de ese capital estratégico. La resolución se enmarca en el extenso litigio que comenzó tras la expropiación de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, y que ya tuvo un fallo adverso en primera instancia.

En ese veredicto, la jueza Loretta Preska ordenó que las acciones sean entregadas a Burford Capital, el fondo de inversión que compró los derechos de litigio y que reclama el cumplimiento de la sentencia que condena a la Argentina a pagar USD 16.000 millones, cifra que con intereses asciende a USD 18.000 millones. El Gobierno nacional solicitó un “stay” —suspensión— hasta que se resuelva la apelación, prevista para septiembre.
Los jueces tienen tres caminos posibles: no conceder la suspensión y confirmar la orden de Preska; otorgarla con garantías distintas a las acciones de YPF; o aprobarla en los términos pedidos por la Argentina. En los dos primeros casos, el Ejecutivo adelantó que apelará a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque este tribunal suele rechazar intervenir en cuestiones administrativas de este tipo.
Si el fallo es negativo y la Argentina no cumple, el país podría ser declarado en desacato. Las consecuencias irían más allá de sanciones económicas: podrían incluir restricciones diplomáticas, trabas para acceder a financiamiento internacional e incluso medidas que afecten a funcionarios, como la revocación de visas para ingresar a territorio estadounidense.

En este contexto, la decisión que adopte la Corte de Apelaciones marcará un punto clave no solo para el futuro de las acciones de YPF, sino también para la relación de la Argentina con la principal plaza financiera del mundo, en un momento en que el gobierno de Javier Milei intenta atraer inversiones y fortalecer la confianza de los mercados.
