El Gobierno de Javier Milei anunció la baja de 110.522 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral que habían sido otorgadas de manera irregular durante administraciones anteriores. La medida forma parte de una auditoría integral de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que busca garantizar que los beneficios lleguen únicamente a quienes realmente cumplen con los requisitos establecidos por ley.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que además se dieron de baja 8.107 pensiones correspondientes a personas fallecidas y 10.038 de beneficiarios que renunciaron voluntariamente. El impacto económico de esta depuración será significativo: un ahorro estimado de $35.000 millones mensuales para el Estado, que podrán destinarse a políticas sociales y sanitarias más efectivas.
Fraudes evidentes y prácticas repetidas
La auditoría reveló casos de fraude que reflejan la falta de controles y el desmanejo heredado. Entre los hallazgos, se detectó la presentación del mismo estudio médico —radiografías, ecocardiogramas o mediciones de presión arterial— en múltiples expedientes diferentes.
En Tucumán, un mismo estudio fue utilizado para varias solicitudes. En Chaco, durante la gestión kirchnerista, se llegó al extremo de usar una sola radiografía de hombro para respaldar 150 trámites distintos.
Estos episodios no solo representan un fraude al sistema, sino que también desvían recursos que deberían ir a personas con discapacidades reales, afectando la equidad y la credibilidad del sistema de seguridad social.
Crecimiento desmedido bajo el kirchnerismo
Adorni recordó que entre 2003 y 2015, durante los tres mandatos kirchneristas, la cantidad de pensiones pasó de 79.000 a más de 1 millón. Con Mauricio Macri, la cifra se redujo levemente, pero volvió a crecer hasta 1.222.000 en diciembre de 2023, al final de la gestión de Alberto Fernández.
“Es evidente que durante años el sistema fue utilizado con fines políticos y clientelares, a costa del dinero de los argentinos”, señalaron desde Casa Rosada.
Comparaciones internacionales y control estricto
El vocero también aportó un dato comparativo: en Argentina, el 4,6% de la población activa recibe este beneficio, mientras que en Israel —un país que enfrenta guerra y atentados de forma permanente— el porcentaje es de 3,5%.
La diferencia, según el Gobierno, refleja la magnitud del abuso en el sistema local y la urgencia de implementar controles exhaustivos. La revisión actual se realiza con médicos del PAMI y personal técnico de la ANDIS, quienes verifican cada caso. Las bajas definitivas se aplican cuando se confirma el incumplimiento de requisitos o la ausencia injustificada a auditorías.
Respuesta al rechazo legislativo
El anuncio llega tras el rechazo en Diputados al veto presidencial sobre la ley que ampliaba el presupuesto en discapacidad. Adorni apuntó directamente contra los legisladores que votaron en contra del Ejecutivo:
“Defienden un sistema corrupto y han favorecido durante años el desvío de fondos públicos. Lo que estamos haciendo es ordenar y garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan”.
Desde el oficialismo advierten que la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social —impulsada por la oposición— implicará un gasto adicional estimado en $2,16 billones en 2025 y más de $4,5 billones en 2026, sin considerar los costos médicos del Programa Incluir Salud.
Un cambio de paradigma
La depuración del sistema marca un punto de inflexión. Por primera vez en años, el Gobierno asume una política de tolerancia cero frente a los fraudes en materia de pensiones, enfrentando tanto las estructuras de corrupción como la resistencia política de sectores que históricamente utilizaron estos beneficios como herramienta clientelar.
El mensaje de la administración Milei es más que claro: los recursos del Estado no están para sostener privilegios ni engaños, sino para asistir de forma legítima a quienes verdaderamente lo necesitan.
