El Ministerio de Salud de la Nación presentó una denuncia penal por fraude en el Examen Único de Residencias Médicas 2025, tras detectar conductas irregulares durante la evaluación nacional que define el ingreso a cargos de formación en hospitales e instituciones sanitarias del país. La presentación fue realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal e involucra tanto a los postulantes que participaron activamente del engaño como a eventuales cómplices.
La investigación se inició tras la viralización de un video en redes sociales donde se observa a un aspirante filmando el examen con unos anteojos equipados con una microcámara. Esa grabación permitió identificar al implicado por nombre y número de documento. A partir de allí, la cartera sanitaria, encabezada por el ministro Mario Lugones, detectó una serie de puntajes inusuales, como el caso de un postulante que obtuvo 92 puntos cuando en una evaluación anterior había alcanzado apenas 69.
Según la denuncia, el fraude no solo alteró el orden de mérito del examen, sino que además representa un riesgo sanitario concreto, ya que permitió el acceso a cargos rentados mediante prácticas desleales. Desde el Ministerio señalaron que se afectó la ética profesional y se expuso al Estado a un perjuicio económico, tanto por la eventual asignación indebida de becas como por los costos de la investigación y la organización de una nueva instancia evaluativa.
El método utilizado para el engaño incluía el uso de anteojos con cámara oculta para registrar las preguntas, salir del aula con excusas (como ir al baño), enviar las imágenes a un tercero que colaboraba externamente y luego regresar con las respuestas. También se identificaron grupos pagos de WhatsApp y Telegram en los que circulaban posibles respuestas, así como el uso de auriculares y otros dispositivos electrónicos.
Frente a este escenario, el Ministerio de Salud pidió a la Justicia que se tomen testimonios a los responsables del examen, el secuestro de dispositivos electrónicos, la geolocalización de los implicados, la identificación de direcciones IP y se requiera información a empresas de telefonía y a la red social X (ex Twitter) para avanzar en la causa.
“Presentamos una denuncia penal contra quienes hicieron trampa en el examen de residencias médicas. No vamos a permitir que se acceda al sistema con engaños. Defender el mérito es asegurar calidad, compromiso y responsabilidad en la atención sanitaria”, escribió el ministro Lugones en su cuenta oficial.
Una nueva evaluación para los implicados
Tras el escándalo, el Ministerio resolvió repetir el examen para un grupo de 141 postulantes, cuyas calificaciones fueron puestas bajo revisión. El nuevo llamado fue oficializado a través de la Disposición 61/2025 y estará destinado exclusivamente a quienes obtuvieron 86 puntos o más en la evaluación del 1° de julio, pero sobre quienes no se pudo verificar la congruencia académica.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, precisó que alrededor del 45% de los 268 postulantes, en su mayoría egresados de universidades extranjeras, deberán volver a rendir la prueba en formato escrito y presencial.
La Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud estará a cargo de la nueva instancia, garantizando condiciones de objetividad, equidad y transparencia. La evaluación constará de 100 preguntas de opción múltiple, abarcando temáticas de salud del niño, la mujer, el adulto y salud pública. Se realizará de 9 a 13, sin permitir el ingreso con celulares, relojes inteligentes, anteojos electrónicos ni dispositivos de comunicación.
Para reforzar los controles, se limitarán las salidas del aula a situaciones estrictamente justificadas y bajo acompañamiento. No se aceptará responsabilidad por los elementos retenidos al ingreso.
Compromiso con la integridad del sistema
Desde el Ministerio recalcaron que preservar la transparencia del proceso de selección es indispensable para asegurar que los profesionales que ingresen al sistema de salud lo hagan por mérito y no por trampas tecnológicas. “Cada médico que accede a una residencia impacta en la atención de cientos de pacientes. Por eso, garantizar un proceso íntegro no es solo un compromiso administrativo, sino una obligación ética y sanitaria”, concluyeron.
