El Senado sancionó tres leyes clave impulsadas por el Gobierno de Javier Milei en materia de justicia y seguridad, consolidando así un avance fundamental en la lucha contra la impunidad y el crimen organizado en Argentina.
Las normativas aprobadas incluyen la implementación del juicio en ausencia, modificaciones en la reincidencia y reiterancia penal para combatir la “puerta giratoria” y una ley anti mafias inspirada en modelos internacionales de Estados Unidos e Italia.
Juicio en ausencia: una herramienta contra la impunidad
La primera de las leyes sancionadas incorpora al Código Procesal Penal el mecanismo del juicio en ausencia, que permitirá juzgar a imputados declarados rebeldes cuando estos no se presenten ante la justicia a pesar de haber sido debidamente notificados. La medida está pensada especialmente para delitos de lesa humanidad y terrorismo, en línea con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
Este cambio responde a la necesidad de garantizar que la justicia no quede paralizada por fugas o negativas de extradición, como ha ocurrido en casos emblemáticos como el atentado a la AMIA, que lleva más de 30 años sin culpables condenados. El senador libertario Juan Carlos Pagotto, miembro informante del proyecto, subrayó que “tenemos una necesidad de adaptarnos al mundo” y que esta herramienta contribuirá a que Argentina pueda juzgar delitos de gravedad internacional sin depender de la cooperación de terceros países.
Negativos:
Cora, Stefania
Di Tulio, Juliana (Alianza Unión por la Patria)
Doñate, Claudio Martín (Frente de Todos)
Duré, María Eugenia (Frente de Todos)
Giménez Navarro, María Celeste (Alianza Unión por la Patria)
Giménez, Nora del Valle (Frente de Todos)
González, María Teresa Margarita (Alianza Unión por la Patria)
Kirchner, Alicia Margarita Antonia (Alianza Unión por la Patria)
Leavy, Sergio Napoleón (Frente de Todos)
Ledesma Abdala de Zamora, Claudia (Frente Cívico por Santiago)
Linares, Carlos Alberto (Frente de Todos)
López, Cándida Cristina (Alianza Frente de Todos)
López, María Florencia (Alianza Unión por la Patria)
Mayans, José Miguel Ángel (Alianza Unión por la Patria)
Parrili, Oscar Isidro (Frente de Todos)
Pilatti Vergara, María Inés (Frente de Todos)
Recalde, Mariano (Frente de Todos)
Rejal, Jesús Fernando (Alianza Unión por la Patria)
Rodas, Antonio José (Frente de Todos)
Sapag, Silvia Estela (Frente de Todos)
Uñac, Sergio Mauricio (Alianza Unión por la Patria)
Abstención:
De Pedro, Eduardo Enrique (Alianza Unión por la Patria)
Fernández Sagasti, Anabel (Frente de Todos)
García Larraburu, Silvina Marcela (Frente de Todos)
Lewandowski, Marcelo Néstor (Frente de Todos)
Suárez, Rodolfo Alejandro (Frente Cambia Mendoza)
Fin de la “puerta giratoria”: cambios en reincidencia y reiterancia
Otro de los proyectos convertidos en ley busca combatir la impunidad de delincuentes reincidentes y poner fin al criticado sistema de “puerta giratoria” que ha permitido la rápida liberación de criminales. La norma establece que una persona será considerada reincidente si ha recibido dos o más condenas firmes con pena privativa de la libertad. Además, elimina la discrecionalidad judicial al obligar a sumar las penas de todos los delitos cometidos, evitando la reducción de condenas.
Una de las reformas más destacadas es la inclusión del concepto de “reiterancia”, que permitirá a los jueces considerar los antecedentes penales de un acusado al momento de decidir sobre su excarcelación. Hasta ahora, los magistrados solo evaluaban la posibilidad de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la causa. Con esta ley, también deberán tomar en cuenta si el acusado ya ha sido imputado por otros delitos, evitando así la liberación de delincuentes peligrosos que reinciden en su accionar delictivo.
El senador Pagotto destacó que “la justicia penal se encuentra sobrepasada y necesita normas más estrictas para evitar que los delincuentes queden en libertad en cuestión de horas”. Si bien algunos sectores señalaron preocupaciones sobre la posible sobrepoblación carcelaria, el Gobierno sostiene que el objetivo es evitar que quienes cometen delitos graves puedan seguir en las calles.
Ley anti mafias: un modelo internacional para combatir el crimen organizado
El tercer proyecto aprobado es la denominada ley anti mafias, que aumenta las penas para quienes formen parte de organizaciones criminales y busca desarticular grandes bandas delictivas dedicadas al narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas. La norma se basa en la legislación RICO de Estados Unidos y en la legislación antimafia italiana, permitiendo que cualquier integrante de una banda criminal sea condenado con la misma severidad, sin importar su rango dentro de la organización.
Carolina Losada, senadora radical y miembro informante del proyecto, destacó que “esta ley va a ser fundamental para la lucha contra el narcotráfico, porque ataca cada eslabón de la cadena y deja claro que todos los involucrados en el crimen organizado son igualmente responsables”. La normativa también prevé sanciones para aquellos que, sin formar parte directa de una organización criminal, faciliten o colaboren con sus actividades ilícitas.
Desde el kirchnerismo, Oscar Parrilli intentó cuestionar la norma, argumentando que afectaría la autonomía de las provincias en materia de justicia, pero su posición fue rápidamente refutada por el senador Juan Carlos Romero, quien aseguró que la ley fue trabajada y corregida con consenso en la Cámara de Diputados.
El voto de los tucumanos
Beatriz Ávila voto afirmativo en las tres leyes, mientras que Juan Manzur y Sandra Mendoza votaron afirmativo en la ley de Juicio en Ausencia y Ley de Reiterancia y se abstuvieron en la votación de la Ley Anti-Mafia.
Un avance clave en seguridad y justicia
Con la sanción de estas tres leyes, el Gobierno de Javier Milei logra un importante avance en su agenda de seguridad y justicia, fortaleciendo el combate contra la impunidad y el crimen organizado. Estas reformas, que han sido ampliamente respaldadas por sectores de la oposición dialoguista, marcan un cambio de paradigma en la lucha contra la delincuencia en Argentina y buscan garantizar una mayor efectividad en la persecución de delitos graves.
El paquete de leyes responde a una demanda histórica de la sociedad argentina, que ha visto cómo la impunidad y la falta de herramientas legales adecuadas han permitido que casos emblemáticos, como el atentado a la AMIA o la expansión del narcotráfico, sigan sin resolverse. Con estas reformas, el Gobierno da un paso firme hacia una justicia más eficiente y un país más seguro.
