El gobierno de Javier Milei suprimió la Secretaría de Vivienda y el peso de las obras recaerá en las provincias y municipios, quienes deberán abastecerse con recursos propios o privados. La razón de su eliminación es la utilización fraudulenta de los fondos con fines políticos.
La gestión de Milei dispuso, a través de un decreto, la supresión del organismo con el objetivo de disminuir el gasto público y transferir la responsabilidad de concretar trabajos habitacionales directamente a las provincias y municipios.
El Gobierno continúa con el proceso de reestructuración del Estado, en manos de Federico Sturzenegger. En ese sentido, a través del Decreto 70/2025, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda dejó de existir.
“Esta decisión responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”, argumentó Casa Rosada.
Cabe recordar que la Secretaría de Vivienda de la Nación se alimentaba de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución. La supresión de dichos fondos y la disolución de la secretaría en cuestión responden a una sola razón: manejos fraudulentos, compuestos de un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y también de resultados.
El comienzo del desmantelamiento: la eliminación de fondos fiduciarios
El primer paso se dio con la disolución del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), mediante el Decreto 1018/2024. En este caso, la auditoría de SIGEN había detectado fallas en el Programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras.
En segundo lugar, también se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Este instrumento fue acusado de haber sido utilizado con finalidades políticas y clientelares.
Por otra parte, el Gobierno Nacional está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). En la norma publicada en el Boletín Oficial, también se definió el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de Arquitectura, a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. El FISU fue el fondo dentro del cual Juan Grabois manejó más de $1.000 millones, dejando mucho que desear en su transparencia y eficacia.
El proceso de cierre de la Secretaría será gradual y ordenado con el fin de asegurar una transición adecuada y responsable a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET).
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, llamó a esta parte de la gestión “Motosierra 2.0″ y declaró que “Consiste, ni más ni menos, en repasar la utilidad de cada área del Estado para discontinuar las que no encuadran en los objetivos que se fijó el Gobierno. En este decreto, el Ministerio de Economía hace punta en este proceso eliminando la voluminosa Secretaría de Hábitat”.
