El debate sobre el sistema tributario en Tucumán y su relación con la Coparticipación Federal ha cobrado protagonismo en las últimas semanas. El Ministro de Economía de la Provincia, Daniel Abad, se refirió al pedido del Gobierno Nacional de reducir impuestos considerados distorsivos, argumentando que cualquier modificación en Ingresos Brutos debe discutirse en el marco de una reforma integral del sistema de distribución de recursos a nivel nacional.
El peso de Ingresos Brutos en Tucumán
Abad destacó que la provincia cede a la Nación la recaudación de impuestos como IVA o Ganancias, los cuales luego se coparticipan a través de un coeficiente. Sin embargo, los impuestos patrimoniales y directos, como Ingresos Brutos, quedan bajo la administración provincial. Según datos oficiales, este tributo representa más del 82% de la recaudación de la Dirección General de Rentas de Tucumán, lo que equivale a aproximadamente $601 mil millones.
El funcionario enfatizó que Tucumán no aumentó la alícuota de Ingresos Brutos, sino que solamente actualizó su cargo fijo por inflación, elevándolo de $2.500 a $8.000 tras cuatro años sin modificaciones, lo que representa un ajuste del 220%. Esta justificación intenta minimizar el impacto real sobre los contribuyentes, aunque es evidente que la presión tributaria en la provincia sigue siendo elevada.
Exenciones y retenciones: la postura provincial
Abad también hizo referencia a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en materia de retenciones, señalando que Tucumán ya había eximido de impuestos a sectores clave como la producción azucarera y el citrus. Según explicó, el llamado “gasto tributario” de la provincia destina $35 mil millones anuales a exenciones fiscales para fomentar la actividad primaria. Si bien estas medidas pueden parecer un alivio para ciertos sectores, el problema de fondo sigue siendo la alta carga impositiva sobre el resto de la economía y la falta de una reducción del gasto público.
La presión tributaria y el gasto público en Tucumán
El planteo del Gobierno Nacional de reducir impuestos a nivel provincial se enmarca en una lógica de alivio fiscal para los ciudadanos y el sector productivo. Sin embargo, tanto el gobernador Osvaldo Jaldo como la intendenta Rossana Chahla han rechazado la idea, argumentando que sin estos ingresos no podrían garantizarse servicios básicos. Este razonamiento oculta un problema de fondo: el excesivo gasto público de la provincia.
Un claro ejemplo de esto es el abultado presupuesto de la Legislatura tucumana, que se encuentra entre los más elevados del país en términos de gasto por legislador. Asimismo, el Poder Judicial y otras dependencias gubernamentales presentan estructuras infladas que impactan negativamente en las finanzas provinciales. En lugar de buscar alternativas para reducir el costo del Estado, la administración provincial se resiste a realizar ajustes y opta por sostener el esquema actual a través de la recaudación impositiva.
Obras públicas y financiamiento nacional
En cuanto a la inversión en infraestructura, Abad confirmó la posible demora en la ejecución del acueducto de Vipos debido a la necesidad de una nueva licitación. También mencionó la remodelación del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, que prevé una inversión de casi U$S 50 millones con financiamiento de Aeropuertos Argentina 2000 y un plazo de ejecución de 26 meses.
Por otro lado, destacó que la Nación financiará la construcción de la línea doble terna que conecta El Bracho con Villa Quintero, una obra clave para mejorar el sistema eléctrico del Gran San Miguel de Tucumán y el sur provincial. Además, mencionó el convenio firmado entre el gobernador Jaldo y el ministro de Economía, Luis Caputo, para la cesión de terrenos del ferrocarril Mitre, con la condición de desarrollar un emprendimiento privado en la zona.
El debate sobre la reducción de impuestos en Tucumán pone de manifiesto la necesidad de un cambio estructural en la administración de los recursos públicos. La resistencia del gobierno provincial a bajar la carga impositiva responde a su dependencia de la recaudación para sostener un aparato estatal sobredimensionado. Mientras tanto, el ciudadano tucumano sigue soportando una de las mayores presiones fiscales del país, sin recibir a cambio los servicios que realmente merece. La clave para un desarrollo económico sostenido no está en seguir aumentando impuestos, sino en reducir el gasto público y hacer más eficiente la gestión de los recursos.
Leer más de Política
