El Gobierno de Javier Milei avanza en la desregulación del sector energético con el objetivo de reducir el rol del Estado en la actividad, ajustar las tarifas y recortar subsidios. En este marco, la Secretaría de Energía habilitó a las empresas a pactar libremente contratos de compra y venta de electricidad, en un esquema similar al de los años 90, pero con particularidades propias de la gestión actual.
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto con el secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González, han puesto como prioridad la reducción de las subvenciones con el fin de garantizar el equilibrio fiscal y completar el proceso de “sinceramiento” de los precios relativos. Sin embargo, este plan se encuentra condicionado por la necesidad de evitar un impacto que frene la desaceleración de la inflación en un año electoral.
Uno de los principales cambios impulsados por el Gobierno es la reconfiguración del papel de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa). Esta entidad, cuya participación estatal alcanza el 20% mientras que el 80% restante pertenece a empresas del sector, ha tenido un rol central en las últimas dos décadas debido a la regulación de precios y los subsidios aplicados durante los gobiernos kirchneristas. Su función ha sido la compra de energía a las generadoras para luego venderla a las distribuidoras, con un esquema de compensaciones del Tesoro Nacional para cubrir la diferencia en el costo real de la energía consumida por los usuarios subsidiados.
El nuevo esquema propuesto por el Gobierno busca redirigir los subsidios directamente a los usuarios a través de sus facturas, permitiendo así la contratación libre entre compradores y vendedores de energía. Esto generaría un sistema más transparente y competitivo, evitando la intervención estatal en la determinación de precios y promoviendo la eficiencia en el mercado.
A partir de febrero, se implementará una reducción progresiva en los subsidios a las tarifas de luz y gas que afectará a 9,5 millones de hogares de ingresos medios y bajos. El esquema vigente contempla tres niveles de ingresos:
- Nivel 1 (altos): pagan el costo pleno de la energía.
- Nivel 2 (bajos): recibirán un descuento del 65% en sus facturas, mientras que anteriormente era del 71,2% en electricidad y 64% en gas.
- Nivel 3 (medios): el subsidio se reducirá al 50%, en comparación con el 55,94% en electricidad y 55% en gas que se aplicaba previamente.
Según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hasta diciembre había 9,5 millones de usuarios subsidiados en electricidad: 6,3 millones en N2 y 3,2 millones en N3, sobre un total de 16,2 millones. En el caso del gas, 5,3 millones de hogares recibían subvención de un total de 9,5 millones. Además, el Gobierno evalúa reducir los topes de consumo subsidiado, que actualmente son de 350 kWh mensuales para el Nivel 2 y de 250 kWh para el Nivel 3, con pago pleno sobre el excedente.
A mediano plazo, la secretaria de Energía, María Tettamanti, trabaja en un nuevo esquema de subsidios que entraría en vigencia a mediados de 2025. Este plan busca simplificar el sistema a solo dos categorías: quienes reciben subvención y quienes no, siguiendo un modelo similar a la Tarifa Social aplicada durante la gestión de Mauricio Macri. El Presupuesto 2025 prevé un recorte de más de 3.000 millones de dólares en subsidios, en línea con el ajuste implementado en 2024. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado mejorar la progresividad en la reducción de subvenciones.
En cuanto a la evolución de las tarifas, el Gobierno ha establecido un esquema de aumentos moderados para sostener la desaceleración de la inflación en el marco de las elecciones legislativas de 2025. Durante el verano, las tarifas de electricidad y gas natural subirán por debajo del 2% mensual. En enero, los incrementos fueron del 1,6% en luz y 1,8% en gas, mientras que en febrero serán del 1,5% y 1,6%, respectivamente. También se implementará la reducción del ajuste mensual del dólar oficial, que pasará del 2% al 1%.
En febrero, la Secretaría de Energía revisará los cuadros tarifarios con distribuidoras y transportistas, lo que definirá nuevas tarifas y las inversiones exigidas a las empresas en los próximos cinco años. A partir de abril, las facturas de servicios aumentarán menos del 10% y podrían dividirse en cuotas mensuales para aliviar el impacto en los usuarios.
El Gobierno busca establecer un sistema de actualización automática mensual de las tarifas para que se mantengan constantes en términos reales, reemplazando los aumentos discrecionales aplicados desde 2024. Con estas medidas, la administración de Milei apuesta a una economía más eficiente y menos dependiente de intervenciones estatales, avanzando hacia un modelo de mayor competitividad y sostenibilidad fiscal en el sector energético.
Redactor: Quirós Joaquín
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