Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizó los presupuestos de 2023 y 2024 en Tucumán y apuntó que la “motosierra” de la gestión de Osvaldo Jaldo tuvo un impacto superior al 33% en los recursos provinciales.
El trabajo -de 57 páginas- fue publicado esta semana por la organización sin fines de lucro, que desde 2002 efectúa estos aportes en pos del “fortalecimiento de la democracia en Argentina”, según su sitio web.
El documento consiste en el análisis comparativo del cálculo de fondos y gastos del Poder Ejecutivo (PE) de Tucumán según su jurisdicción y el destino de los fondos. “A través del presupuesto, el Estado puede garantizar una prestación eficaz, adecuada y suficiente de los servicios públicos tendientes a garantizar los derechos de las personas que habitan en su territorio o, por el contrario, implementar medidas que conduzcan a la vulneración de derechos y el incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos”, se consignó en la introducción.
En cifras
El trabajo de la ACIJ acumuló toda la información disponible sobre las previsiones financieras del PE en el actual ejercicio y en el anterior. Luego, se formuló un pase de las cifras a valores reales -es decir, no sobre la base de las cifras nominales-, tomando como referencia la inflación acumulada, que alcanzó un 214,6% en 2023, según el Indec.
De este modo, para el Presupuesto 2023 -el último de la gestión de Juan Manzur- se estimó en un total de $1.586.163 millones ($1,5 billones); mientras que para el de 2024 -el primero de Jaldo- se fijó un monto de $1.052.158 millones ($1 billón).
El informe detalla que, en ciertas áreas, “esta disminución en términos reales es más acentuada”. Por caso, se mencionó el Ministerio de Desarrollo Social (con una disminución real del 48%), el Instituto de la Vivienda (43%) y el Ministerio de Educación (27%).
Por finalidad
En cuanto a la composición del gasto por jurisdicción, el documento elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia detalló que en ambos ejercicios (2023 y 2024) las tres áreas con mayor volumen de recursos resultaron el Ministerio de Educación, el Sistema Provincial de Salud y el Ministerio de Seguridad, acumulando entre las tres más del 60% del presupuesto.
“La composición del gasto también revela una preponderancia notable en el rubro de gastos en personal, con un 60% aproximadamente del gasto público en jurisdicciones afectado a este grupo, seguido por las transferencias, con aproximadamente el 20%, y los bienes de uso, con aproximadamente el 10%”, se remarcó en las conclusiones.
Por último, el estudio aportó tres recomendaciones. La primera, con el foco en la transparencia y la necesidad de datos abiertos; la segunda, sobre evitar el desfinanciamiento de áreas vinculadas a políticas sociales; y la tercera, sobre la importancia de promover instancias y mecanismos de participación ciudadana para el diseño presupuestario./La Gaceta
