La provincia, mediante la gestión que lleva adelante la fiscalía de Estado, optó por apelar una decisión de la Justicia Federal en la causa basada en la reparación de la presa lateral N° 3 de El Cadillal, luego de que se detectaran filtraciones de suma gravedad.
El cambio de postura surge luego que el juez federal José Manuel Díaz Vélez trabara embargo por 1.200 millones de pesos, pero apuntando a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), intermediaria en relación a los servicios que presta y que a su vez le paga a la firma Hidroeléctrica Tucumán SA, concesionaria del Complejo de Aprovechamiento Hidroeléctrico Celestino Gelsi.
Pero cuando la provincia comenzó a pedir informes se dieron con que Cammesa no tiene bienes inmuebles a su nombre y sólo se encontraron 25 autos ubicados en distintos puntos del país, al parecer no en muy buen estado, por lo que no sería posible cobrar el monto de dinero demandado.
El Gobierno aspira a que la firma abone el monto total de lo que tuvo que desembolsar la Provincia para ejecutar las reparaciones.
En la demanda de fiscalía de Estado que encabeza Gilda Pedicone de Valls, se recordó que “por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 1/8 del 17 de enero de 2023 se autorizó la reparación del dique El Cadillal, de manera que la Provincia asumió los trabajos, previa contratación en forma directa y cotejo de precios. El artículo 4º del DNU expresa: ‘El Poder Ejecutivo realizará todos los trámites y acciones tendientes al recupero de los fondos invertidos ante la empresa Hidroeléctrica de Tucumán SA y/o ante quien corresponda y al reclamo de los daños y perjuicios que pudiera generarse”, reza el texto.
Desde el 3 de julio de 1996, La firma está a cargo de la explotación de la concesión por 30 años. “Específicamente, en cuanto a las obras y obligaciones de seguridad asumidas por el concesionario, le correspondía la seguridad de presas, embalses y obras auxiliares según el contrato de concesión. Por eso resultaba deber incuestionable de la concesionaria preservar la indemnidad de las personas y bienes del cocontratante durante la ejecución del contrato respecto de los bienes cuidando el estado de uso, conservación y mantenimiento de estos”, detalló el escrito de la Provincia.
En su resolución, el juez Díaz Vélez efectuó un análisis preliminar en el que define como razonable el planteo de la Provincia. “En relación a la seguridad de las presas surge el deber de la concesionaria de mantener la seguridad de esas estructuras y de realizar las obras necesarias para recuperar la obra dañada, deteriorada o peligrosa con el objeto de restituir su seguridad y operatividad”, afirmó.
El magistrado ordenó trabar embargo por la suma de $ 936,6 millones, que se elevaron hasta kis 1.200 millones por nuevos desembolsos, sobre bienes muebles e inmuebles. “Pero la empresa no tiene bienes inmuebles”, enfatizó Pedicone de Valls, confirmando que el valor de los vehículos, únicos bienes alcanzados, no se cubre ni de lejos el monto pretendido.
La provincia espera que se embarguen los pagos que la empresa demandada debe percibir de la firma Cammesa, como así también las cuentas, cajas de ahorro o certificados de depósitos en plazo fijo, títulos públicos, acciones y otros fondos o valores no monetarios, cajas de seguridad a nombre de Hidroeléctrica Tucumán S.A.
Es decir que lo que apeló l Provincia no fue el embargo, que se había pedido y fue avalado por Díaz Vélez, sino la forma en que se ejecutó.
Ahora la Cámara de Apelaciones, que integran Marina Cossio, Patricia Moltini, Ricardo Sanjuan, Mario Leal y Fernando Poviña, debe tomar una determinación sobre el asunto./La Gaceta
