La Provincia inició una demanda contra la empresa Hidroeléctrica Tucumán SA, beneficiaria de la concesión del Complejo de Aprovechamiento Hidroeléctrico Celestino Gelsi -lo que todos llamamos dique El Cadillal-, fijada enuna suma de $ 1.000 millones.
La acción judicial, impulsada por la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls, ingresó al Juzgado Federal N° 1, a cargo del juez José Manuel Díaz Vélez, configurando un planteo con el que el Gobierno aspira a que la firma se haga cargo del monto total que requiere la reparación de la presa lateral N° 3 del embalse, afectada por grietas de vieja data y gran tamaño.
La demanda establece una cifra exacta de $ 936.660.939,57, a lo que suma los intereses a tasa activa desde el momento del pago efectuado por la Provincia, por lo que el planteo incluye el pedido de que se imponga un embargo preventivo a Hidroeléctrica Tucumán SA.
“(El monto) constituye la suma de dinero que erogó la Provincia para la ejecución de obra y reparación de urgencia de la presa lateral N°3, la cual fue atendida en razón de la omisión en hacerla por parte de la demandada”, se lee en el texto de la presentación.
“Por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 1/8 del 17 de enero de 2023 se autorizó la reparación del dique El Cadillal, de manera que la Provincia asumió los trabajos, previa contratación en forma directa y cotejo de precios. El artículo 4º del DNU expresa: ‘El Poder Ejecutivo realizará todos los trámites y acciones tendientes al recupero de los fondos invertidos ante la empresa Hidroeléctrica de Tucumán SA y/o ante quien corresponda y al reclamo de los daños y perjuicios que pudiera generarse”, detalla el escrito.
Luego recuerda que la firma demandada se beneficia de explotación mediante una concesión por 30 años, a partir del 3 de julio de 1996. “Específicamente, en cuanto a las obras y obligaciones de seguridad asumidas por el concesionario, le correspondía la seguridad de presas embalses y obras auxiliares según el contrato de concesión. Por eso resultaba deber incuestionable de la concesionaria preservar la indemnidad de las personas y bienes del cocontratante durante la ejecución del contrato respecto de los bienes cuidando el estado de uso, conservación y mantenimiento de estos”, detalla la presentación.
Más adelante pone el acento en la necesidad de concretar los arreglos de la presa, al puntualizar que “este gasto fue erogado por la Provincia con el objetivo de evitar la pérdida de vidas humanas y bienes, encontrándose comprometida la seguridad pública de sus habitantes, con el abastecimiento de agua para la población y del sector agrícola e industrial”.
Luego repasa todas las acciones que la empresa debía haber ejecutado, cuyo incumplimiento originó la imposición del arreglo que quedó a cargo del Gobierno: “toma de medidas y trabajos necesarios para el mantenimiento y cuidado de la presa lateral 3, las tareas de auscultación y medición, y todo el proceso de análisis, diagnóstico del problema y verificación de estado de la represa”.
En el planteo, la fiscal de Estado precisa que, antes de entablar la demanda, el Gobierno había intimado a Hidroeléctrica de Tucumán SA. por fuera del ámbito judicial, “a los fines de que proceda al reintegro de las sumas erogadas, sin que hasta el día de la fecha hubiera respuesta alguna”.
Los trabajos dieron inicio el 16 de marzo del año pasado y se interrumpieron el 20 de octubre, al cumplirse el plazo original establecido en el contrato con la Unión Transitoria de Empresas Sabavisa SA y Mercovial SA. completando un período de unos siete meses, en el que se certificaron montos por el valor original -$ 689 millones- más un 20 por ciento extras -$ 137,8 millones-, alcanzando el desembolso de la Provincia por lo realizado, unos $ 830 millones.
A fines de febrero, durante una exposición informativa en la Legislatura, el ministro de Obras Públicas de la provincia, Santiago Yanotti, había expuesto que si bien los trabajos de reparación se habían ejecutado por la totalidad del contrato, debían hacerse trabajos complementarios, algo que el Gobierno también le reclamaba a la empresa a cargo del complejo. “La Provincia pide que se haga cargo de la responsabilidad que tiene y termine la obra”, sostuvo el funcionario.
Yanotti había asegurado que hubo buenos resultados con los trabajos, aunque admitió que al finalizar se detectó que aún se veían filtraciones, y que por eso era necesario completar las tareas, aún cuando rechazó que exista peligro. “Se opera bajo normas de mucha seguridad. No hay riesgo de desborde ni que colapse la presa N° 3. No hay absolutamente ningún riesgo”, sentenció.
