Al cabo de una audiencia que duró más de seis horas, un juez ordenó a una testigo que en un plazo de 24 horas que se vence este sábado, debe entregar su teléfono celular, en tanto que la víctima, la joven periodista que denunció por abuso a cuatro jugadores del club Velez Sarfield, debe cumplir el mismo trámite hasta el martes.
La denunciante sostuvo que fue abusada por los futbolistas el 3 de marzo en una habitación del hotel Hilton.
La fiscal Eugenia María Posse imputó por abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas a Braian Cufré y a José Florentín Bobadilla (presuntos autores), a Sebastián Sosa (como partícipe secundario) y a Abel Osorio, por abuso sexual simple.
La investigadora escuchó a una testigo ofrecida por los querellantes Patricia Neme, Juan Andrés Robles y Patricio Char, quien dijo que había mandado mensajes antes y después de que los futbolistas cometieran el supuesto abuso.
Fue una de las primeras en enterarse de lo que le había pasado, por lo que sus dichos son considerados de suma importancia.
Para confirmarlo, presentó capturas de los mensajes que la propia denunciante le remitió el domingo hasta las 1.35 y también el viernes.
La joven expuso que había cambiado su celular y esas eran las únicas frases que había podido rescatar.
María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de Florentín Bobadilla, al sospechar la ejecución de una maniobra, solicitron a la fiscalía que disponga el secuestro del celular para su estudio.
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Como la representante del Ministerio Público se negaba a hacerlo, demandaron una audiencia para resolver la sorprendente situación.
Además de este tema, en el debate quedó en claro que caminos puede seguir de aquí en más el proceso. La audiencia no sólo fue secreta, sino que además se dispuso la prohibición de que se divulguen los detalles de lo que se trató.
Aún así fue posible reconstruir parte de lo sucedido en el contrapunto judicial que duró algo más de seis horas.
La fiscal y la querella rechazaron el secuestro compulsivo del celular de la testigo requerido por los defensores de Florentín Bobadilla, que dijeron que era importante para confirmar la declaración que había brindado su dueña.
El juez Sebastián Mardiza rechazó el planteo, pero le dio un plazo de 24 horas para que lo someta a un análisis.
La gran pregunta es si será práctica la medida, ya que la testigo avisó que cambió de equipo y que no recuerda haber hecho copia de seguridad de lo guardado de WhatsApp.
“Primero hay que confirmar esa versión y después determinar si desaparecieron todos los chats o sólo la conversación que mantuvo con la denunciante. Con el trabajo que hacen los peritos, los celulares siempre terminan hablando”, aseguraron fuentes cercanas al caso.
“Si dijo la verdad no habrá problemas, pero tendrá problemas legales si no se confirman sus dichos”, sentenciaron.
Abdala y Atim, con el apoyo de los otros defensores José María Molina, Ileana Battaglia y Ernesto García Biagosch, que asisten a Cufré y a Osorio; y Ernesto Baaclini, defensor de Sosa, elevaron la apuesta.
Otra manera de cotejar esa conversación es analizando el celular de la propia víctima, que había anunciado que lo entregaría el martes.
Por ese motivo, los defensores pidieron que se le secuestrara el teléfono para garantizar la obtención de la información que estaba buscando.
Quedó demostrado así un giro en la estrategia de la querella, especialmente después de que comenzara a cumplir esa función el abogado Char, quien según trascendió, cuestionó el pedido y adelantó que no entregará el celular como lo había anunciado.
“¿Desde cuándo se analiza el celular de una víctima de abuso sexual? Es nada menos que violar la intimidad de una víctima”, habría expuesto como argumento para rechazar el planteo.
La víctima se encargó también de dejar en claro su rechazo al pedido. “Es cierto que dije que lo haría, pero ahora no quiero por una sola razón: se ventilaron muchas cosas y no quiero que siga pasando lo mismo. No confió en que se resguarde mi intimidad”, aseguró.
“Estoy harta de todo esto. En cada audiencia siento que tengo que defenderme cuando en realidad soy la víctima”, habría expuesto en la audiencia.
El Ministerio Público también desestimó el pedido al afirmar que confiaba en la palabra que había dado la denunciante y que el martes entregaría el celular.
El juez Mardiza rechazó el planteo y demandó a la fiscalía que tomara todos los recaudos posibles para salvaguardar la información que se obtenga el teléfono una vez que sea entregado.
Si la denunciante no cumple con su palabra, podría dispararse una polémica en la pesquisa, dado que si no hace entrega del celular se emitirá una orden de secuestro, situación que se baraja también en caso de que la testigo no cumpla con lo dispuesto en su caso.
El código procesal penal establece que todas las partes pueden hacer entrevistas (tomar declaraciones) y no sólo el Ministerio Público.
En este caso en particular, además de la dueña del celular, la fiscalía lo hizo con otras dos amigas de la víctima y, aunque no trascendieron detalles, habrían aportado datos valiosos sobre lo que les contó la denunciante acerca del abuso.
Molina, Battaglia y García Biagosch intentaron entrevistar a las tres jóvenes para despejar algunas dudas o que brindaran algunas declaraciones, Pero nunca pudieron hacerlo.
Por esa razón, con el apoyo de sus colegas defensores, requirieron al juez que ordenara a las testigos responder sus consultas.
Mardiza conminó al Ministerio Público para que cite a las mujeres a fin de que sean interrogadas por los letrados.
Ninguna de las partes quiso revelar detalles sobre lo ocurrido en la audiencia por la prohibición dictada por la justicia y por temor a que sus dichos agraven la polémica de un caso que se vuelve cada vez más complejo./La Gaceta
